El diputado Hotuiti Teao ha hecho un llamado urgente al Gobierno para que priorice el proyecto de ley presentado en 2024, que califica como agravante la fabricación, el transporte y el uso de «miguelitos», artefactos que actualmente no tienen penas específicas en la legislación vigente.
Este llamado surge tras un asalto cinematográfico ocurrido el jueves en Valparaíso, donde delincuentes asaltaron una multitienda en la avenida Argentina y, durante su escape, lanzaron «miguelitos» en la vía pública para evitar ser perseguidos, lo que dejó a una persona herida por arma blanca y resultó en la detención de tres individuos.
“La legislación actual no sanciona adecuadamente la fabricación, el transporte y el uso de miguelitos, lo que crea un vacío que los delincuentes saben aprovechar. Es por esto que hacemos un llamado al Ejecutivo para que dé celeridad al proyecto de ley que presentamos el 15 de octubre de 2024, el cual ha estado estancado en la Cámara de Diputados durante meses”, afirmó el diputado Teao.
El parlamentario agregó que “esta iniciativa legal -boletín 17190-07- busca modificar el Código Penal para establecer como agravante la fabricación, distribución, tenencia y uso de estos artefactos, conocidos como miguelitos o abrojos, cuando se emplean en la comisión de delitos. Esto tiene como objetivo endurecer las sanciones y combatir el uso de estos elementos que facilitan acciones delictivas y ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía”.
Además, continuó diciendo que «hoy más que nunca se evidencia la urgencia de aprobar esta iniciativa. No podemos permitir que aquellos que siembran el miedo operen con total impunidad. Es fundamental que el Estado tome medidas anticipadas y proporcione herramientas concretas para hacer frente a esta escalada de violencia”.
“En la actualidad, la legislación chilena no incluye figuras específicas que castiguen estos actos, quedando solo en tipos penales generales, lo que dificulta aplicar sanciones adecuadas a la gravedad de estas conductas”, añadió.
Por todo esto, Teao concluyó que “si el Gobierno está comprometido con la protección de la comunidad, debe darle la prioridad legislativa que esta cuestión requiere. Esto no es un debate teórico, es una cuestión de seguridad pública. Cada día que pasa sin contar con esta herramienta legal, los delincuentes siguen tomando ventaja”.
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