Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha elevado las alarmas respecto a la gestión financiera del Estado. Este documento, presentado al Congreso el jueves, revela más de $1,5 billones en observaciones tras 792 acciones de fiscalización realizadas entre abril de 2024 y marzo de 2025, que incluyen auditorías normativas, financieras y revisiones de cuentas.
Las observaciones suman un total de $1.505.707.732.640, lo que refleja lo que el organismo considera una estructura de control débil y fragmentada, poniendo en tela de juicio la rendición de cuentas y la transparencia. “Las observaciones de los informes de la Contraloría manifiestan una situación donde se ha identificado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales”, señala el informe, que advierte sobre muchas irregularidades vinculadas a operaciones de 2023 o años anteriores.
Entre las principales falencias halladas, se destacan errores que superan los $359 mil millones en el cumplimiento de normas contables y presupuestarias, seguido por anomalías contractuales que alcanzan los $328 mil millones, y deficiencias en los procesos de rendición de cuentas que superan los $316 mil millones.
Asimismo, la Contraloría examinó el manejo de fondos públicos y encontró desórdenes por $252 mil millones, relacionados con registros incompletos, conciliaciones bancarias ausentes y saldos sin respaldo contable. En diversos casos, se observaron cuentas bancarias con movimientos que no aparecían en la contabilidad oficial.
En el ámbito contractual, se identificó un patrón alarmante de irregularidades, incluyendo “modificaciones de convenios sin justificación técnica, ampliaciones de costos y plazos sin respaldo, y la falta de garantías de cumplimiento”. También se documentaron prácticas como fraccionamiento de compras y contrataciones directas sin justificación legal, así como omisiones de controles requeridos por la Ley de Compras Públicas.
La situación en el sistema de rendición de cuentas es igual de crítica. Se llevaron a cabo transferencias sin rendir fondos anteriores, muchas rendiciones carecían de respaldo o tenían inconsistencias, y en algunos casos, simplemente fueron archivadas sin revisión. Pagos improcedentes por más de $57 mil millones también fueron identificados, incluyendo desembolsos sin documentos, duplicados, excesivos o destinados a personas no autorizadas, además de servicios no prestados o parcialmente ejecutados.
Adicionalmente, se señaló la existencia de más de $81 mil millones que no fueron recaudados por el Estado, atribuibles a una gestión ineficiente en la cobranza de multas, errores de cálculo y falta de acciones contra deudores. En varias entidades, ni siquiera se empezaron procedimientos de recuperación.
Uno de los hallazgos más alarmantes es la falta de acción posterior a las observaciones: muchas instituciones no iniciaron procesos disciplinarios o judiciales, y en muchos casos, las cantidades observadas ni siquiera fueron registradas como deudas. Esto, según la Contraloría, limita cualquier posibilidad de restitución de los fondos.
El informe, de 233 páginas, se centró en hallazgos “altamente complejos” y “complejos”, evaluando no solo el monto involucrado, sino también la frecuencia y gravedad de las fallas en el control. Lo expuesto refuerza una advertencia ya conocida: el desorden en la gestión fiscal del Estado no es nuevo ni circunstancial.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
