Los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum y Miguel Mellado, calificaron las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, como un intento de “normalizar la mala gestión y el despilfarro de recursos públicos”. Marcel había instado a evitar la controversia respecto al reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó irregularidades por 1,5 billones de pesos en transferencias del Estado a organismos privados.
“Es deplorable la postura del ministro Marcel, quien muestra autocomplacencia y resignación frente al mal uso de los recursos públicos, al afirmar que es una situación que se repite desde hace muchos años. Si él ya lo sabía, ¿qué ha hecho para combatir el despilfarro y el uso indebido de los recursos públicos, en especial en un contexto de ajuste fiscal donde se necesitan ahorros significativos para el erario nacional?”, comentó Sauerbaum, miembro de las comisiones de Hacienda y Trabajo.
Sauerbaum añadió: “¿qué acciones ha tomado para frenar el despilfarro y el mal uso de los recursos públicos durante este periodo de ajuste fiscal?”.
“El ministro Marcel ha estado promoviendo nuevas reformas tributarias para aumentar los ingresos, en vez de fomentar el ajuste fiscal. Es irresponsable seguir apoyando aumentos de impuestos sabiendo que gran parte de esos recursos se pierden en mala gestión o incluso malversación de fondos”, destacó.
Por su parte, Miguel Mellado, jefe de bancada de diputados RN, subrayó que “el ministro Marcel no puede continuar evadiendo su responsabilidad frente a las irregularidades indicadas por la Contraloría. Esto no es solo un asunto administrativo, es una grave muestra de descontrol estructural del Estado. Si él era consciente de esto desde hace años, su deber como ministro era acabar con esta práctica, no ignorarla, ni seguir promoviendo reformas que solo afectan más el bolsillo de los chilenos”.
Ambos legisladores afirmaron que exigirán al ministro que rinda cuentas en la Cámara de Diputados y se comprometa a implementar medidas concretas para asegurar el buen uso de los fondos públicos, por respeto a los contribuyentes y en aras de recuperar la confianza ciudadana en la administración estatal.
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