Con 25 años de experiencia en el Ministerio Público, el fiscal Héctor Barros se ha consolidado como una figura fundamental en la lucha contra el crimen organizado en Chile. Especializado en la persecución de bandas narcotraficantes, actualmente lidera el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), desde donde ha sido testigo de la drástica evolución de la criminalidad, especialmente en la última década.
El 16 de junio de 2005 marcó un hito en el ámbito institucional con la implementación de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana.
En una entrevista con La Tercera, Barros afirmó que “su impacto fue profundo. Hace 20 años, los esfuerzos del Ministerio Público se enfocaban en combatir grupos locales como ‘Los Cara de Pelota’ y ‘Los Cara de Jarro’, dedicados al tráfico de drogas en zonas como La Legua”.
El fiscal destaca que “estas organizaciones estaban compuestas fundamentalmente por clanes familiares y operaban en territorios bien delimitados”.
“Ese escenario permitía investigar a partir de lo territorial y las redes familiares. Conocer a los integrantes, rastrear el lavado de dinero y desmantelar completamente una banda era factible”, recuerda. Sin embargo, esa dinámica cambió drásticamente después de la pandemia y el fenómeno de la inmigración ilegal, que Barros identifica como uno de los principales catalizadores de la transformación criminal.
Desde 2019, el país ha comenzado a enfrentar estructuras delictivas más sofisticadas, relacionadas con organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua. “Hemos pasado de un modelo de bandas locales a grupos transnacionales sin arraigo en el país, con menos antecedentes claros y un aumento en la violencia, extorsiones y el uso de armas de fuego”, explica.
El caso de un ciudadano venezolano vinculado al asesinato del teniente Ronald Ojeda ilustra esta nueva realidad delictiva: ingresó al país apenas unos días antes de ser formalizado por delitos graves. Para Barros, “este nivel de profesionalismo criminal era impensable en el Chile de hace una década”.
“Uno de los cambios más significativos ha sido la aparición de secuestros extorsivos. A diferencia de los vinculados al tráfico de drogas, estos se llevan a cabo como un medio de control territorial y financiero. Las bandas menores deben pagar tributos a organizaciones más grandes, y quienes no lo hacen enfrentan represalias que pueden culminar en homicidios”, detalla el fiscal.
Barros menciona el caso de “El Enjambre”, una banda que operaba en Providencia realizando robos violentos de celulares. A pesar de su perfil criminal relativamente común, dependían de una estructura superior asociada al Tren de Aragua, que controlaba el territorio y exigía pagos regulares. “Ese tipo de subordinación criminal no existía en Chile. Ahora es una norma, y lo que comenzó con enfrentamientos entre extranjeros afecta directamente a ciudadanos chilenos”, advierte.
Un ejemplo reciente de esta expansión es el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, liberado gracias a la intervención oportuna de las autoridades. Sin embargo, Barros reconoce que “los secuestros que antes afectaban principalmente a extranjeros, ahora tienen cada vez más como víctimas a nacionales”.
Según datos proporcionados por ECOH, los delitos de secuestro en la Región Metropolitana aumentaron un 28% durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. En junio, los casos se distribuyeron en un inusual 40% para secuestros y 60% para homicidios, lo que representa una alarmante variación en las tendencias delictivas.
Frente a esta situación, Barros enfatiza “la necesidad de fortalecer la persecución supraterritorial del delito y centrar los esfuerzos en desarticular los mercados ilegales que financian estas redes: drogas, explotación sexual y comercio de objetos robados. No se trata solo de capturar a los líderes, sino de desmantelar los sistemas económicos que sustentan estas organizaciones”.
Además, el fiscal realiza una advertencia a la ciudadanía. Según él, la demanda de bienes y servicios ilegales, como celulares robados, drogas sintéticas o servicios sexuales relacionados con la trata de personas, alimenta el crimen organizado. “Participar en delitos menores perpetúa el crimen organizado. Si usted consume esos servicios, también está contribuyendo a la violencia como el Tren de Aragua. Está financiando estas redes y eventualmente puede convertirse en víctima de extorsión”.
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