Después de tres votaciones, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto de ley que implementa la nueva Fiscalía Supraterritorial (FS) del Ministerio Público, creada en 2024 mediante una reforma constitucional.
Esta nueva unidad se dedicará a investigaciones orientadas a combatir el crimen organizado y delitos de alta complejidad que exceden el ámbito territorial de una sola región. Así, asumirá la responsabilidad de las investigaciones penales que comiencen directamente por ella o por alguna fiscalía regional, mientras que las disputas de competencia serán resueltas por el fiscal nacional.
La Fiscalía Supraterritorial contará con fiscales adjuntos, personal profesional y de apoyo, así como los recursos materiales necesarios para su funcionamiento. Tanto el fiscal jefe como los fiscales adjuntos de la unidad tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional dentro de su competencia.
Para respaldar a la nueva fiscalía, se crea el “Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad”, cuyo objetivo es fortalecer la persecución penal mediante estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictivos y otras estructuras criminales identificables.
En el tercer trámite se aprobó la propuesta, con enmiendas del Senado al texto inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados. Las modificaciones principales eliminaron el concepto de “macrozonas” en la organización del trabajo del organismo.
Sin embargo, se decidió que la labor se organizará en “unidades de organización”, reguladas por un reglamento que definirá criterios funcionales, como las características comunes de los territorios, el tipo de delitos o fenómenos criminales a investigar.
Asimismo, se tendrán en cuenta criterios operativos, como el número de personal y recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones. Las unidades deberán contar con mecanismos de coordinación para facilitar la entrega efectiva de información con las fiscalías regionales.
Además, se establece que el reglamento regulará las condiciones de experiencia o especialización, y las normas de evaluación de desempeño tanto para fiscales adjuntos de la Fiscalía Supraterritorial como para el personal técnico y administrativo. Este reglamento también determinará el tiempo de permanencia de los fiscales adjuntos y otros aspectos.
También se restringe la ubicación de la FS a la ciudad de Santiago.
Se otorgan facultades al Fiscal Nacional para dar instrucciones específicas al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en las investigaciones de delitos de crimen organizado o alta complejidad. Asimismo, puede disponer la creación de unidades de organización con los recursos disponibles.
Otra aclaración del Senado se refiere a la autoridad competente para tratar delitos cometidos en el extranjero que estén bajo la jurisdicción de los tribunales chilenos. Aquí, se establece que las funciones del Ministerio Público serán desempeñadas por la fiscalía regional Metropolitana competente sobre la comuna de Santiago, así como la Fiscalía Supraterritorial conforme lo determine el fiscal nacional.
En relación a las normas previas, se explica el deber del fiscal jefe de la FS de responder ante órdenes del Fiscal Nacional, salvo en casos donde tales instrucciones sean notoriamente arbitrarias o contrarias a la ley o ética profesional, especificando los procedimientos a seguir en tales situaciones.
Un punto adicional se refiere a una regla de competencia para causas de la FS, enfocándose en casos de alarma pública que sean críticos para el éxito de la investigación, manteniendo el respeto al derecho de defensa del imputado. En estos casos, se podrá solicitar, tras la formalización de la investigación y antes de la audiencia de preparación del juicio oral, que el Pleno de la Corte Suprema asigne su conocimiento a los Juzgados de Garantía y al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Entre las observaciones, se destacó la necesidad de proveer los recursos requeridos a la entidad y a las policías para su labor efectiva, pidiendo anticipar el programa de contratación para acelerar el funcionamiento de esta nueva unidad del Ministerio Público.
Desde el oficialismo, se criticó la inclusión de la cláusula de “alarma pública”, argumentando que altera las normas de competencia y generaría un riesgo de inconstitucionalidad debido a la ambigüedad del término y su uso discrecional, afectando el debido proceso.
El Ejecutivo también cuestionó esta disposición. Recordó que fue introducida por medio de una indicación parlamentaria, generando gasto público sin el apoyo del Gobierno. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó que esta norma no forma parte de los principios originales y pone en riesgo la garantía constitucional del “juez natural”. Por esto, se anunció reserva de constitucionalidad.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
