Diputados de Renovación Nacional enviaron un oficio a la Contraloría para que realice una fiscalización e inicie un sumario sobre el viaje que el presidente Gabriel Boric realizó el 29 de junio a Punta Arenas para ejercer su voto en las Primarias. Este viaje se realizó en el marco de su permiso parental (postnatal).
Los parlamentarios María Luisa Cordero, Juan Carlos Beltrán y Bernardo Berger buscan que la contralora, Dorothy Pérez, se pronuncie sobre el “uso de recursos públicos” para el traslado del Mandatario a la capital de la Región de Magallanes, el cual tuvo un costo superior a 30 millones de pesos.
Cordero, quien lidera la iniciativa, mencionó que este no es el primer traslado del presidente a Punta Arenas para ejercer su voto, “todos con un considerable gasto de recursos públicos”.
Además, comentó que en el caso del viaje del 29 de junio, este se realizó durante un permiso especial, “financiado por el nacimiento de su primera hija. Esto genera dudas sobre si realmente podía viajar al sur, considerando que este permiso es para que el padre, en este caso el Presidente Boric, esté presente con su hija y no ejerza funciones ajenas a su deber familiar, las cuales requieren su atención personal”.
En este contexto, se destaca en el oficio que el permiso “implica la suspensión temporal de las labores habituales, con la expectativa razonable de que quien lo utiliza no realice actividades vinculadas a sus funciones laborales o que impliquen movilización o uso de recursos públicos”.
Se añade también que, aunque “el derecho a sufragio es un deber y derecho constitucional”, el uso de recursos públicos para un desplazamiento durante un permiso laboral pagado plantea interrogantes sobre la correcta asignación y uso de estos fondos, así como sobre el cumplimiento de las normas que regulan la conducta de los funcionarios públicos y el uso de recursos del Estado.
Berger expresó que no se puede continuar “utilizando el Estado como una chequera personal para realizar gestos simbólicos”.
El diputado de la región de Los Ríos destacó que en su zona “realizamos grandes esfuerzos por cada peso destinado a pavimentar caminos rurales o mantener operativos los Cesfam. Y el Presidente, que reside en Santiago, decide gastar más de 30 millones de pesos para ir a votar a Punta Arenas, en elecciones voluntarias y estando con permiso posnatal. Eso no es descentralización, eso es una burla”.
Por su parte, Juan Carlos Beltrán, diputado por La Araucanía, comentó que “es necesario que la Contraloría examine detenidamente este tema y determine si el viaje realizado durante el posnatal del Presidente se ajusta a las normas. No es posible que todos los chilenos terminen pagando los caprichos del Presidente, quien además tiene la posibilidad de cambiar su domicilio electoral para evitar que, en noviembre y ante una hipotética segunda vuelta presidencial, los chilenos tengamos que costear sus traslados”.
En el oficio se solicita aclarar si el elevado costo que conlleva que un Presidente deba desplazarse para sufragar, en términos de recursos humanos y logísticos, es justificable.
Por tal motivo, piden a la Contraloría que fiscalice y garantice el buen uso de los recursos públicos y la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, solicitando la información necesaria tanto de la Directora Administrativa de la Presidencia de la República como de otras personas relevantes. Además, se requiere la instrucción de “un sumario administrativo para aclarar la legalidad de estas acciones y, de ser necesario, aplicar sanciones a los responsables”.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
