La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) están colaborando de manera constante y se reunirán pronto para definir la ampliación de la querella en el caso ProCultura.
La investigación del Ministerio Público avanza de forma discreta, preparándose para cuando decidan solicitar una audiencia de formalización, según informa La Tercera.
Aunque algunos parlamentarios de oposición han criticado la paralización del caso tras la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, la realidad es que las gestiones e investigaciones no se han detenido.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para continuar las pesquisas desde la salida de Cooper, ha enviado una serie de instrucciones específicas a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).
Las investigaciones se centran en dos líneas principales: una sobre la dirección de la fundación y otra sobre el convenio firmado entre ProCultura y el Gobierno Regional de Antofagasta para la limpieza y pintura de fachadas.
En este contexto, Castro y el fiscal Eduardo Ríos reactivaron la toma de declaraciones en la primera semana de julio. Durante esas fechas, se interrogó a cuatro personas vinculadas al caso, en las dependencias de la Fiscalía Nacional.
Las acciones de Castro no se limitan a eso. Esta semana se programó una cita crucial entre el equipo liderado por el fiscal regional de Antofagasta y representantes del CDE para coordinar esfuerzos y analizar información pertinente.
La reunión entre la Fiscalía y el CDE se produce en un momento decisivo para la institución presidida por el consejero Raúl Letelier. Fuentes cercanas a la investigación indican que el próximo jueves 17 de julio, el Comité Penal del CDE evaluará la ampliación de la querella presentada en febrero de 2024.
En esa ocasión, el CDE optó por presentar una querella en contra de la representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez, como autora del delito de “apropiación indebida”.
Ahora, el CDE buscará añadir más imputados, enfocándose en incluir en su querella a directivos y jefes de proyectos de la fundación creada por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova en 2010.
Por tanto, la reunión entre los fiscales y el CDE se llevará a cabo el miércoles 23 de julio, donde se espera que ambas entidades discutan las solicitudes para formalizar la investigación.
Esta no es la primera vez que los equipos de la Fiscalía de Antofagasta colaboran con el CDE. Las alianzas formadas durante el caso Convenios se originaron en la denominada arista Democracia Viva.
Según declaraciones del Ministerio Público, la formalización de Daniel Andrade y Carlos Contreras, así como la imputación de cargos a la diputada Catalina Pérez, dependieron en gran medida de las querellas presentadas por el CDE.
Varias de estas reuniones han sido lideradas por Eugenio Campos, jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, quien ha apoyado a los equipos investigadores y ha establecido criterios comunes para estas investigaciones.
El CDE no solo se enfoca en la arista penal del caso ProCultura, también dirige las acciones para presentar una demanda civil para disolver la fundación de Larraín, tras haber sido solicitado por el Ministerio de Justicia para revocar su personalidad jurídica y poner fin a sus actividades.
El gobierno busca un cierre definitivo para ProCultura, impulsado por el proceso de fiscalización liderado por el ministerio de Jaime Gajardo (PC), además de evidencias que indican que se desviaron fondos de su propósito social.
Después de revisar los antecedentes, el Ministerio de Justicia concluyó que la fundación violó seriosamente sus estatutos, desnaturalizando su propósito fundacional, que es privilegiar el patrimonio para un fin social y no para el enriquecimiento de sus miembros, evidenciando una falta de coherencia en sus actividades y sus objetivos.
Por lo tanto, Gajardo solicitó formalmente al CDE que avance en las medidas necesarias para su disolución.
“Con base en toda la información proporcionada por la fundación, especialmente lo señalado antes, este ministerio puede inferir que ha destinado sus recursos a actividades distintas a las previamente establecidas, descuidando su objetivo social, existiendo una desproporción en los gastos en personal y honorarios en relación con sus actividades relacionadas con dicho objetivo”, se exponía en el documento del gobierno.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
