Alcaldesa y DOM de Viña advierten que las normas obsoletas del Minvu han paralizado la reconstrucción y demandan acciones urgentes.

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En una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre la reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue invitada a compartir información sobre el proceso de recuperación en la comuna.

Acompañada por Camila Hernández, encargada municipal de la reconstrucción, y Joan Saavedra, director de la Dirección de Obras Municipales (DOM), Ripamonti expuso ante los diputados la situación actual.

La alcaldesa informó que más de 16 mil personas han sido afectadas en Viña del Mar, lo que se traduce en 5,646 viviendas destruidas o gravemente dañadas.

Hasta el momento, se han entregado 1,412 viviendas de emergencia, de las cuales el 68% carece de subsidio habitacional y 59 no pueden ser ocupadas debido a problemas de habitabilidad. De hecho, sólo uno de cada cuatro hogares damnificados ha accedido a una solución habitacional temporal proporcionada por el Estado.

Otro dato alarmante presentado en la CEI es que el megaincendio devastó el 25.7% del territorio comunal, equivalente a 3,110 hectáreas. Ripamonti enfatizó que esto implica «reconstruir casi una comuna completa», dado que el fuego afectó tanto a barrios consolidados como a ocupaciones irregulares y campamentos.

La alcaldesa también mencionó que, el 22 de febrero de 2024, el Municipio de Viña del Mar presentó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, un plan de reconstrucción que abarca tres ejes fundamentales: habitacional, urbano y sociocomunitario. Destacó que el plan del Gobierno se divulgó casi tres meses después.

«Desde el inicio, hemos estado activos y comprometidos con la pronta recuperación de los territorios afectados. En el primer momento, entregamos un informe detallado al Ministro sobre las necesidades y desafíos que enfrentaría la ciudad», afirmó Ripamonti.

El director de la DOM, Joan Saavedra, informó que hasta el 10 de julio de 2025 se han recibido 864 solicitudes de reconstrucción, habiéndose otorgado 589 permisos.

De los 589 permisos, 34 están en revisión, 43 fueron rechazados por no cumplir con las normas, 173 fueron considerados inadmisibles por falta de documentación y 25 están en proceso de corrección.

Es importante aclarar que una solicitud se considera inadmisible cuando falta alguno de los documentos requeridos por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Entre los documentos ausentes que pueden causar esta situación se encuentra la autorización del vecino para un adosamiento superior al 40% y el estudio fundado de riesgo aprobado por Sernageomin si la parte de la vivienda se ubica en área de riesgo Premval.

Saavedra destacó que, debido a estas limitaciones, al menos 220 solicitudes de permiso, y las familias que las respaldan, no pueden avanzar a no ser que las normativas cambien.

LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

En mayo de 2011, el Minvu modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, introduciendo los numerales 6 y 7, que establecen directrices para los procesos de reconstrucción en el país.

«Estos numerales no han cambiado en 14 años, a pesar de que las catástrofes y su naturaleza han variado, especialmente los incendios», expresó Joan Saavedra.

Para el caso de Viña del Mar, el numeral 6 se ha aplicado para permisos de construcción y/o ampliación de viviendas, permitiendo ciertos alivios en las normas urbanísticas, salvo en zonas no edificables y áreas de riesgo.

El proyecto de cálculo estructural debe incluir un estudio de mecánica de suelos, lo cual, según Saavedra, «no es relevante en un incendio, pero sí en un terremoto».

Este tipo de problemáticas también fueron mencionadas por el ex ministro de Vivienda, quien durante una discusión parlamentaria aseguró que «la normativa vigente no es adecuada para abordar las necesidades generadas por la catástrofe».

En respuesta a las dificultades, la DOM propuso una «Habilitación técnica alternativa para procesos de reconstrucción de viviendas unifamiliares», que permite el uso de declaraciones juradas.

Dichas declaraciones permiten procedimientos simplificados entre propietarios y arquitectos, abarcando excavaciones y movilización de equipos.

Sin embargo, se resaltó que el proceso de permisos para reconstruir es más complejo en comparación con otras actividades. «Un vecino puede hacer una gran excavación sin permiso, pero no puede reconstruir su casa sin cumplir con procesos burocráticos», afirmó Saavedra.

Solicitó la inclusión de un nuevo inciso en la normativa, que exima de permisos a la reconstrucción de viviendas unifamiliares en zonas afectadas por catástrofes, permitiendo su ejecución mediante el archivo de declaraciones juradas.

Ripamonti añadió que «si queremos priorizar esta reconstrucción, es esencial reformular diversos aspectos, no solo legales, sino también actitudinales en la política».

REACCIONES PARLAMENTARIAS

El diputado Tomás Lagomarsino (PR) mencionó el caso de Chaitén, donde se implementó una ley especial para la reubicación de una ciudad tras la erupción de un volcán. «Esa modificación todavía está pendiente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo», subrayó.

El presidente de la CEI, diputado Andrés Celis, enfatizó la necesidad urgente de que el Presidente proponga un proyecto de ley para la reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y partes de Villa Alemana.

«Para que la gente pueda recuperar su dignidad y levantar sus viviendas, se requiere un proyecto de ley con discusión inmediata», concluyó Celis.

El diputado Luis Sánchez expresó su asombro de que este problema surja solo ahora, mencionando que «la OGUC se puede modificar con la firma del Ministro de Vivienda» y preguntó si se ha abordado este tema con el ministro.

Finalmente, ante el complejo proceso de reconstrucción, desde la Municipalidad de Viña del Mar se ha enfatizado la necesidad de establecer mecanismos flexibles para reducir los tiempos de tramitación, facilitando soluciones modulares y progresivas.

PURANOTICIA



Con Información de puranoticia.pnt.cl

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