En el Juzgado de Garantía de Iquique se llevará a cabo la formalización de cinco individuos detenidos por tráfico de ketamina, en relación con un caso descubierto en la base aérea «Los Cóndores» de Iquique.
El tribunal ha aceptado la jurisdicción sobre el caso y ha encargado a la Fiscalía local la investigación y la citación de los acusados a una audiencia de formalización programada para este martes.
Los acusados son Danilo Rivas Pulgar, Elías Villalonga Martínez, Mauricio Ponce Dinamarca, María Rebolledo Díaz y Rodrigo Silva Fuentes.
Todos ellos fueron formalizados el 6 de julio por el tribunal de Aviación por tráfico de drogas, pero el sábado posterior se declaró incompetente para tratar el caso.
Con el cambio de competencia, los exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) -Elías Villalonga, Mauricio Ponce y María Rebolledo- que se encontraban en el Centro de Detención Preventiva de la Base Aérea El Bosque, fueron transferidos a Gendarmería de Chile.
Actualmente, Villalonga y Ponce se encuentran cumpliendo prisión preventiva en el CDP Santiago 1, mientras que Rebolledo Díaz está en el CPF San Miguel. Los otros dos imputados -Rivas y Silva- están recluidos en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.
El caso comenzó el 3 de julio, cuando se detectó una maleta con sustancias ilegales que iba a ser embarcada en un vuelo institucional desde Iquique hacia Santiago. La droga había sido introducida a la Base Aérea «Los Cóndores», lo que provocó una investigación inmediata por parte de la Fiscalía de Aviación.
El Juzgado de Aviación justificó su incompetencia al determinar que el delito se originó fuera del ámbito militar. Estableció que la ejecución del delito tuvo lugar en un domicilio particular, no en un recinto militar ni en el marco de un acto de servicio.
Según declaraciones a la PDI, uno de los imputados, Danilo Rivas Pulgar, recibió la maleta en su departamento en Iquique, desde donde la trasladó a la base aérea «Los Cóndores».
Esta situación fue crucial, ya que el artículo 5 N°3 del Código de Justicia Militar limita la competencia castrense a delitos cometidos por militares en estado de guerra, campaña, servicio o en recintos institucionales. Ninguna de estas condiciones se daba en este caso.
Además, la incompetencia se sustentó en el hecho de que la red criminal operaba al margen de la FACh.
El tribunal concluyó que la estructura criminal encargada de obtener y trasladar drogas no formaba parte de la Fuerza Aérea, sino que operaba desde la ciudad de Santiago y habría involucrado a los procesados únicamente para facilitar el transporte ilícito del norte a la capital.
Esto refuerza la idea de que el delito comprometía un bien jurídico común -la salud pública- y no uno exclusivamente militar, lo que es necesario para aplicar jurisdicción militar.
Finalmente, se tomó en cuenta la participación de civiles en el caso.
Conforme a la Ley N° 20.477, que reformó la competencia de los tribunales militares, se establece que ningún civil puede ser juzgado por la justicia militar, ya sea como víctima o imputado.
Dado que algunos de los acusados no son militares activos, el caso debe ser tramitado en tribunales ordinarios.
El fallo del Juzgado de Aviación reafirmó los límites establecidos por la legislación chilena en relación a la justicia militar y subrayó que el crimen organizado debe ser abordado mediante las herramientas del sistema penal ordinario, especialmente cuando involucra estructuras ajenas a las Fuerzas Armadas.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl



