Senador Latorre exige “Justicia Económica”: Royalty portuario para que los puertos aporten a sus comunidades

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El senador Juan Ignacio Latorre continúa impulsando una propuesta legislativa para establecer un royalty portuario, con el objetivo de que las regiones que albergan actividad portuaria reciban una retribución justa por los impactos y beneficios económicos que generan estas operaciones.

En un reciente taller realizado en San Antonio, Latorre —junto al centro de pensamiento Rumbo Colectivo y autoridades regionales— profundizó en la necesidad de contar con una legislación que permita que parte de los ingresos generados por el comercio exterior retornen directamente a los territorios. El encuentro reunió a representantes de la Empresa Portuaria de San Antonio, concesionarios, gremios de transportistas, municipios y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, además de la diputada Camila Rojas y la delegada presidencial Carolina Quinteros.

“El comercio exterior no puede seguir operando como si los puertos fueran un espacio neutro. Son ciudades reales, con personas reales, que sufren impactos en su calidad de vida. Queremos que haya un mecanismo justo, estable y permanente de retribución económica a los territorios portuarios”, afirmó el senador.

La propuesta de Latorre plantea una tasa técnica por tonelada de carga, que se aplique a exportadores e importadores que utilizan la infraestructura portuaria. Los recursos recaudados serían distribuidos entre los gobiernos regionales y municipales de las comunas portuarias, permitiendo financiar obras de mitigación, sostenibilidad, movilidad urbana y recuperación ambiental.

Desde 2023, el equipo legislativo del senador ha trabajado en el diseño técnico de la propuesta junto a expertos, operadores logísticos y académicos. En palabras del senador, “este no es un impuesto a los puertos ni a las empresas portuarias, sino a quienes mueven carga a través de ellos. Es una forma razonable de hacer que las grandes utilidades generadas por esta actividad también beneficien a quienes viven en las zonas que soportan su carga urbana, vial y ambiental”.

Latorre también destacó que esta iniciativa se inspira en el modelo del royalty minero aprobado en 2023, y busca asegurar que los recursos se queden en los territorios para impulsar desarrollo económico local. “En el caso de Los Andes, por ejemplo, hoy reciben recursos por el royalty minero. Queremos algo similar para ciudades como Valparaíso, San Antonio, Quintero, Mejillones o Coronel, donde se concentra la actividad portuaria nacional”, explicó.

Asimismo, adelantó que la propuesta será ingresada como proyecto de ley durante el segundo semestre de 2025, tras completar una ronda de talleres y diálogos con actores clave en regiones portuarias. Ya se han realizado encuentros en Valparaíso y San Antonio, y se proyectan sesiones similares en otras zonas del país.

“Estamos hablando de una política pública que puede cambiar la relación entre los puertos y sus ciudades, incorporando criterios de justicia territorial, equidad fiscal y sostenibilidad. Es una deuda que Chile tiene con sus comunidades costeras y logísticas, y llegó el momento de saldarla”, concluyó Latorre.

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