La Fiscalía Regional de Coquimbo, a través del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), formalizó cargos contra cinco ciudadanos extranjeros por el delito de secuestro. Además, dos de ellos enfrentan cargos por tenencia ilegal de partes y piezas de arma de fuego y municiones, mientras que otros dos están acusados de receptación de un vehículo motorizado.
Los cinco sospechosos fueron detenidos por Carabineros, siendo dos de ellos arrestados el domingo 13 de julio y los otros tres por la Policía de Investigaciones.
Según la Fiscalía, el 12 de julio, las dos víctimas, acompañadas de una mujer, se trasladaron en un vehículo al sector La Varilla, donde fueron interceptados por cuatro hombres armados, quienes los forzaron a entrar a un inmueble, manteniéndolos en cautiverio, golpeándolos con las armas y amenazándolos con una motosierra. Los agresores también se apoderaron de dos teléfonos celulares y exigieron 40 mil dólares a sus familiares.
El 13 de julio, se investiga que cuatro de los sospechosos trasladaron a las víctimas en un vehículo contra su voluntad, amenazándolos con armas que aparentaban ser de fuego, hasta la calle Almirante Riveros en La Serena, donde se encontraba el quinto imputado. Una de las víctimas intentó escapar sin éxito y fue devuelta a La Varilla.
Sin embargo, en un segundo intento de huida, logró escapar, mientras que la otra víctima permaneció en la casa en Almirante Riveros hasta ser rescatada por la Policía de Investigaciones.
Mientras tanto, los imputados sustrajeron un automóvil, que fue localizado posteriormente por la policía en la calle Nicaragua. En La Varilla, se hallaron además partes de armas de fuego y cartuchos «no encamisados» aptos para ser utilizados, entre otros objetos.
“Los antecedentes son numerosos; es un caso complejo y era necesario aclarar la participación de cada uno de los acusados en los hechos. Debemos determinar si forman parte de una organización más grande o no. Algunos se encontraban en el país de forma irregular, con cédulas provisorias, y sus identidades han sido validadas con el Registro Civil. Ahora, corresponde a la UCIEX (Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía) verificar si en sus países de origen esas identidades son auténticas”, explicó el fiscal del caso, Freddy Salinas.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los acusados, solicitud que fue aceptada por el juez de garantía, Pedro Rojas, quien estableció un plazo de 50 días para la investigación.
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