A lo largo del último mes, varios tiroteos, uno de ellos durante el día, han resultado en un muerto y múltiples heridos en una ciudad de la región de Occitania.
La semana pasada, se encontró el cadáver parcialmente calcinado de un joven de 19 años en las afueras de Nimes.
Al anunciar un toque de queda que se implementará de 21:00 a 06:00, el alcalde Jean-Paul Fournier destacó que la situación se había tornado «insostenible» y que los traficantes de drogas habían instaurado un «clima de miedo y terror».
El teniente de alcalde, Richard Schieven, mencionó que el toque de queda busca proteger a los menores no involucrados en el tráfico de drogas, así como a los jóvenes de 12 y 13 años que son explotados por narcotraficantes.
En Béziers, situada a 120 km al suroeste, se ha establecido un toque de queda para menores de 13 años desde el año pasado de 23:00 a 06:00, y en marzo se amplió a menores de 15 años en ciertos barrios, aplicándose entre abril y septiembre y durante las vacaciones escolares. El alcalde Robert Ménard, afín a la extrema derecha, comentó que «ningún niño de 10 años en la calle a las dos de la mañana está haciendo otra cosa que causar problemas».
Pese a estas medidas, la violencia persiste en Béziers. Recientemente, grupos de jóvenes encapuchados atacaron a la policía con fuegos artificiales. Un incidente similar ocurrió en Limoges, donde el alcalde Émile Roger Lombertie criticó la efectividad del toque de queda tras disturbios protagonizados por 100 personas.
Hace dos años, Nimes fue escenario de gran conmoción cuando un niño de 10 años, Fayed, perdió la vida por una bala perdida en el barrio de Pissevin. Otras localidades, independientemente de su orientación política, han implementado medidas parecidas este verano, como Saint-Ouen y Trier-sur-Seine, que han impuesto toques de queda para menores de 16 años.
Algunos municipios, como Cagnes-sur-Mer, llevan implementando toques de queda para menores de 13 años entre abril y octubre durante 20 años, aunque solo se han registrado tres detenciones en ese período.
Estas decisiones han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, como la Liga de los Derechos del Hombre, las cuales las califican de «totalmente inapropiadas», “penalizadoras y preocupantes”, argumentando que vulneran las «libertades fundamentales de circulación de los menores», especialmente en épocas vacacionales.
Expertos, como el sociólogo Sebastian Roché, han puesto en duda la efectividad de estas regulaciones, señalando que no hay cambios significativos en la delincuencia juvenil en ciudades con toques de queda comparadas con aquellas sin ellos. Según Roché, existen padres que no logran controlar a sus hijos adolescentes y una policía que carece de los recursos necesarios para hacer cumplir estas medidas.
No obstante, recientes episodios de violencia resaltan una tendencia creciente: la violencia relacionada con el tráfico de drogas se ha extendido más allá de Marsella, el tradicional bastión de las guerras de bandas en Francia. El Ministerio del Interior reporta que en 2024, 110 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en actos de violencia vinculados a las drogas.
Tanto el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, como el ministro del Interior, Bruno Retailleau, han enfatizado la urgencia de combatir el tráfico de drogas. A principios de este año, propusieron un proyecto de ley que dio lugar a la creación de dos prisiones de máxima seguridad para líderes de narcotráfico, además de una nueva sección especializada en la fiscalía y poderes ampliados para investigadores.
Recientemente, Darmanin anunció que «los primeros 17 narcotraficantes, incluidos los más peligrosos de nuestro país», fueron trasladados a una prisión de alta seguridad en Vendin-le-Vieil, en el norte de Francia. La ola de incendios y ataques armados en las prisiones francesas durante la primavera se atribuyó en gran parte a las bandas de narcotraficantes, que respondían así a la ofensiva del Gobierno.
(Imagen: Valery Hache/AFP via Getty Images)
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