El Tribunal Supremo de Brasil decidió no imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, a pesar de una «irregularidad aislada» referente al uso de redes sociales, prohibido como parte de las medidas cautelares por su posible implicación en el financiamiento desde Estados Unidos para un golpe de Estado.
Tras la defensa del expresidente, que argumentó que no fue él quien usó sus redes sociales, sino que terceros actúan en su nombre, el juez Alexandre de Moraes aceptó estas afirmaciones y determinó que no había motivo para la prisión.
Sin embargo, el juez advirtió que si se comete una nueva violación, «de inmediato» convertirá las medidas cautelares—que incluyen el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de acercarse a embajadas y el uso de redes sociales—en prisión preventiva.
De Moraes también aclaró que Bolsonaro no tiene prohibido dar entrevistas ni participar en actividades políticas, aunque sí está restringido en replicar mensajes relacionados con las acusaciones que enfrenta.
El juez subrayó que se considerará como una infracción de las medidas si se comparte contenido «en clara coordinación» con Bolsonaro para propagar desinformación a través de cuentas de redes sociales de terceros.
«No se permitirá el uso de subterfugios para continuar actividades delictivas, ni la utilización de entrevistas o discursos públicos como ‘material prefabricado’ para publicaciones en redes sociales previamente coordinadas», indicó el juez, según el portal G1.
La Policía también realizó un registro en la residencia de Bolsonaro en Brasilia por su presunta implicación en financiar una operación en Estados Unidos para proteger la implementación de aranceles y sanciones contra autoridades brasileñas, incluyendo a los jueces del Tribunal Supremo, cuyos visados han sido revocados por Washington.
Los investigadores afirman que Bolsonaro ha destinado hasta dos millones de reales (unos 300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, a favor de estas sanciones desde marzo, en un contexto en el que el expresidente Donald Trump ha mostrado interés por su situación legal.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó hace dos semanas que, en el juicio por golpe de Estado, se declare a Bolsonaro culpable, enfrentando potencialmente penas de hasta 40 años de prisión, además de una inhabilitación indefinida para ocupar cargos públicos.
El expresidente, junto a otras siete personas, está incluido en el núcleo central de la conspiración golpista para retener el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Se les acusa de asociación delictiva, intento de abolir violentamente el Estado de derecho, golpe de Estado y daños a la propiedad en las protestas del 8 de enero de 2023, en las que se intentaron tomar las instituciones.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
