En el ejercicio de sus funciones de fiscalización y tras reunir una serie de «graves antecedentes», 16 consejeros regionales (Cores) del Partido Republicano, UDI y Renovación Nacional presentaron un requerimiento formal ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar la destitución del Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego.
En este documento, los consejeros argumentan su acción señalando que la autoridad metropolitana ha incurrido en “notable abandono de deberes” y en “faltas graves a la probidad administrativa”, citando el artículo 23 sexies, letra c), de la Ley N° 19.175.
Además, afirman que estas infracciones no son situaciones aisladas, sino que constituyen un patrón persistente de posible mal uso de recursos públicos, uso político de la institucionalidad y grave negligencia en el control administrativo del Gobierno Regional Metropolitano.
El requerimiento se fundamenta en los Informes Finales N° 873-2024 y N° 265-2024 de la Contraloría General de la República, que “poseen presunción de veracidad” y documentan “múltiples irregularidades que comprometen gravemente el cumplimiento de las responsabilidades del cargo”.
Ignacio Dülger, líder de la bancada del Partido Republicano, expresó que «esto no es un caso simple de mala gestión o errores aislados: estamos ante una serie de errores sistemáticos dentro del aparato público para objetivos personales e incluso electorales. La evidencia es contundente y la gravedad de la situación es inaceptable. Los habitantes de las 52 comunas de la Región Metropolitana tienen derecho a conocer la verdad».
Añadió que «el Gobernador Orrego y su equipo político aprovecharon el Gobierno Regional convertiéndolo en una plataforma para su campaña personal, vulnerando principios básicos de la administración pública. Es nuestra responsabilidad como consejeros regionales republicanos vigilar el correcto uso de los recursos públicos y que el Tricel restablezca la legalidad institucional al destituirlo, lo que debería enviar un mensaje claro a todas las autoridades en Chile».
También mencionó que “los códigos que han regido en la política durante 30 años ya no son válidos; la ciudadanía no tolera más las malas prácticas de la política tradicional y nuestra exigencia es absoluta en asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan”.
Por su parte, el consejero regional de la UDI, Álvaro Bellolio, subrayó que “el documento que cuestiona al gobernador se basa en el abandono de deberes y en faltas graves a la probidad. Los hechos están respaldados por informes de la Contraloría que indican un uso indebido de fondos públicos, coaching electoral y control financiero deficiente por más de $6.700 millones”.
Bellolio también añadió que “el requerimiento ha sido elaborado con un respaldo jurídico sólido. Si el TRICEL se alinea con su propia jurisprudencia, obtendremos el resultado que solicitamos, y confiamos en que este requerimiento sentará un importante precedente en materia de responsabilidad y probidad, esperando contar con el apoyo unánime de los consejeros regionales”.
Con el requerimiento presentado, el Tribunal Calificador de Elecciones deberá notificar a las partes involucradas y, eventualmente, abrir un proceso que podría concluir con la destitución del Gobernador Claudio Orrego, si se comprueban las causales planteadas.
Principales acusaciones según cada causal:
1. Faltas graves a la probidad administrativa
- Uso de recursos públicos en actividades electorales: sesiones de coaching por más de $31 millones enfocadas en la campaña de reelección del Gobernador.
- Uso político de redes institucionales: redireccionamiento desde cuentas oficiales a la cuenta personal @orregocl.
- Propaganda encubierta en medios oficiales: priorización de la imagen del Gobernador en contenidos institucionales.
- Uso del sitio web institucional para defensa política: publicación no autorizada para enfrentar críticas de la Contraloría.
2. Irregularidades en la gestión financiera y contable
- Diferencias contables por más de $21 mil millones.
- Rendiciones duplicadas o triplicadas que superan los $1.800 millones.
- Facturas infladas y expedientes incompletos por más de $850 millones.
- Pago de horas extraordinarias no realizadas.
- Contratos por trato directo sin justificación legal por más de $51 millones.
3. Notable abandono de deberes
- Falta de manuales, controles internos y mecanismos de verificación básicos.
- Concentración de funciones clave sin separación de responsabilidades.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
