La decisión de liberar a Alberto Mejía, sospechoso de ser un sicario vinculado al asesinato de José Reyes Ossa, sigue teniendo repercusiones en el ámbito del Poder Judicial. La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, ha decidido suspender a la jueza Irene Rodríguez de sus funciones mientras se lleva a cabo un sumario disciplinario para investigar lo sucedido.
La indagatoria, que comenzó el 15 de julio pasado, busca establecer quiénes son responsables por la cadena de errores que permitió la salida del país del acusado, que usó una identidad falsa y actualmente se encuentra prófugo, con una alerta roja de Interpol vigente en su contra.
Según reporta radio Bío Bío, Carrasco —quien dirige el sumario ordenado por la Corte de Apelaciones— ha decidido suspender a Rodríguez como medida cautelar mientras continúa la investigación. Fuentes del proceso han confirmado que otra funcionaria del Poder Judicial también ha sido apartada, aunque no se ha revelado su identidad ni cargo.
Este caso ha puesto de manifiesto varias fallas en la coordinación institucional. Tras la identificación falsa de Mejía, se emitieron dos oficios: uno que revocaba la prisión preventiva y otro que corregía su nombre y ordenaba su reingreso. A pesar de esta última instrucción, Gendarmería liberó al acusado.
Desde su liberación, el historial del imputado ha generado aún más inquietud. Se ha reportado que pagó más de 2,5 millones de pesos para viajar de Estación Central a Iquique, y luego cruzó hacia Perú. Desde ese momento, no se dispone de registros oficiales sobre su ubicación.
Con la investigación en marcha y las medidas disciplinarias ya implementadas, el Poder Judicial intenta responder a las críticas acerca de un procedimiento que permitió que uno de los principales sospechosos de un caso de sicariato se fugara del país.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
