La Corte de Apelaciones de Santiago ha recibido nuevos antecedentes respecto al requerimiento de desafuero presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente contra el diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), quien está siendo investigado por presunto fraude al Fisco, tráfico de influencias y financiamiento irregular de campañas.
Este requerimiento fue ingresado el 27 de junio por la fiscal Lorena Parra, con el fin de facilitar la formalización del parlamentario. En un documento de 120 páginas, se detalla la investigación dirigida por la fiscal Constanza Encina, la cual asocia a Lavín León con la empresa familiar Modo 74 y el desarrollo de la plataforma Socialtazk, utilizada en campañas políticas, según reporta La Tercera.
Según información proporcionada por la Fiscalía, el diputado ofreció la plataforma a más de 70 candidatos de la UDI, a cambio de obtener acceso a sus bases de datos. Esta operación habría sido financiada con fondos públicos y también habría involucrado a asesores del legislador, quienes presuntamente utilizaron su tiempo laboral para alimentar y validar el sistema.
El perjuicio fiscal estimado por esta maniobra supera los $93 millones.
CDE Y MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
En apoyo a la solicitud del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también se ha sumado como querellante en el caso. El 11 de julio, el CDE, presidido por el consejero Raúl Letelier, presentó ante la Corte un escrito de adhesión que fue aceptado por el tribunal el 29 de julio, oficializando su participación en el proceso.
Asimismo, el CDE mantiene una querella presentada tres meses atrás contra Lavín León, su asesor Arnaldo Domínguez y dos proveedores, acusándolos de rendir gastos falsos ante el Congreso para financiar su campaña electoral de manera irregular. Esta situación implicaría un perjuicio adicional de $104 millones.
Por su parte, la Municipalidad de Maipú, liderada por el alcalde Tomás Vodanovic (FA), también es querellante. El municipio solicitó el desafuero del parlamentario el 9 de julio, mediante el abogado penalista José Pedro Silva.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y GESTIÓN MUNICIPAL
Otro de los cargos que justifican el pedido de desafuero es el de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Lavín habría presionado a funcionarios municipales mientras su esposa, Cathy Barriga, se desempeñaba como alcaldesa de Maipú. A través de su conexión personal y su rol como diputado, habría intervenido en decisiones administrativas con fines políticos y económicos.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
