El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ha solicitado a las universidades privadas que, en un plazo de una semana, envíen el detalle de las remuneraciones de su personal, conforme a lo estipulado en la Ley de Presupuestos.
Esta solicitud fue formalizada mediante un oficio dirigido a las instituciones, después de que esta obligación quedara claramente establecida en las glosas N° 21 y N° 22 del programa de la subsecretaría.
La medida surge en respuesta al debate que se abrió en 2024 por el sueldo de $17 millones brutos que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, un caso que generó cuestionamientos sobre la utilización de fondos públicos en instituciones que reciben apoyo estatal.
De este modo, el diputado Juan Santana (PS) abogó por cambios en las glosas presupuestarias que regulan las transferencias por gratuidad, becas, investigación y otros programas.
En el documento, Orellana recuerda que la glosa N° 21 estipula que “las instituciones de educación superior que reciban financiamiento total o parcial a través de estos recursos del presente programa, deberán enviar semestralmente una lista anonimizada del personal académico y directivo contratado bajo distintas modalidades, que perciba ingresos superiores a ocho millones de pesos mensuales por concepto de salario, dietas, bonos, asignaciones y viáticos mensuales”.
Por su parte, la glosa N° 22 establece que “semestralmente el Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre las remuneraciones de cada uno de los miembros de las instituciones de educación superior, sean públicas o privadas, que desempeñen labores docentes y/o de investigación”.
Según la subsecretaría, la fecha límite para la entrega de la información solicitada es el martes 5 de agosto de 2025, “con el fin de cumplir con la exigencia que establece el Honorable Congreso Nacional de Chile en la Ley de Presupuestos”.
Desde el ministerio señalaron que se han emitido los oficios necesarios para recopilar la información, incluyendo casos donde no hay disponibilidad a través de mecanismos de transparencia activa. Algunas universidades, además, han comenzado a gestionar el contacto “para garantizar el envío de la información dentro de los plazos estipulados”.
Sin embargo, voces del sector privado han expresado su oposición a esta obligación. Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae, afirmó: “Me parece realmente absurdo que a través de dos glosas de la Ley de Presupuestos se nos exija detallar las remuneraciones de todos los integrantes de nuestras instituciones. Por un lado, debemos invertir tiempo en generar esta información, y no logro ver cómo podría beneficiar a los parlamentarios, ya que no contribuye a la calidad de la enseñanza, que debería ser nuestro principal objetivo”.
Agregó: “Es razonable preguntarse por qué este control excesivo se aplica a las instituciones de educación superior, mientras que otras entidades que también reciben fondos públicos, como escuelas, constructoras o clínicas privadas, no están sometidas a este mismo escrutinio”.
El rector subrayó que las universidades ya están bajo la supervisión de la Superintendencia de Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación, y que este tipo de requerimientos, establecidos en una ley de presupuestos, minan la autonomía de las instituciones, el principio fundamental que rige el Sistema de Educación Superior, y que está, irónicamente, consagrado en la propia Ley de Educación Superior.
Una visión similar es la de Pilar Romaguera, rectora de la Universidad de Las Américas (UDLA). “Nos reuniremos con el equipo legal para evaluar su compatibilidad con la ley de protección de datos personales”, comentó, tras confirmar que recibieron el oficio esta semana.
En el ámbito universitario persiste la incertidumbre sobre el verdadero alcance de las glosas. Mientras algunos argumentan que solo las instituciones que reciben financiamiento público están obligadas a responder bajo la glosa N° 21, otros advierten que la N° 22 podría conllevar exigencias para todas las universidades.
Romaguera también criticó el enfoque regulatorio del ministerio, señalando que el proyecto del FES, que busca reemplazar el CAE, “implica una regulación excesiva sobre los precios de los aranceles y la cantidad de estudiantes o matrícula. Y ahora se pretende ejercer un mayor control sobre los salarios”.
Y concluyó: “En lugar de seguir con un enfoque de control de costos, precios y cantidades, pensamos que es más apropiado supervisar a través de la Superintendencia de Educación y de la Comisión Nacional de Acreditación, si el objetivo es avanzar en el desarrollo de las instituciones de educación superior”.
Por su parte, el presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rector de la Universidad Central, Santiago González, también expresó sus reservas: “Consideramos que la institucionalidad existente en el sistema es suficiente para tratar este tipo de situaciones. Contamos con una superintendencia que tiene la responsabilidad de cuidar el sistema, que tiene todas las facultades para solicitar información, y las universidades están dispuestas a proporcionarla.”
“Repetir este tipo de requerimientos, involucrando al Congreso para solicitar información, no estoy seguro de que realmente beneficie a los estudiantes. Debemos ser cautelosos para no interferir en la autonomía de las universidades”, continuó.
Y reiteró: “Todos apoyamos la transparencia, pero respetemos la institucionalidad y los canales que ya están establecidos para ello.”
Otras instituciones han decidido no hacer declaraciones públicas y aseguran que están evaluando jurídicamente cómo responder al oficio.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
