La Corte Suprema ha ratificado la decisión que recibió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra Juan Antonio Poblete Méndez, exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en el contexto del caso de espionaje a periodistas y funcionarios del Ejército.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha acusado a Poblete de 15 delitos de interceptaciones telefónicas ilegales, consumados y reiterados, así como de nueve delitos de falsedad ideológica, también consumados y reiterados, que habría cometido durante su mandato.
En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal supremo, compuesta por el ministro Manuel Antonio Valderrama, las ministras María Cristina Gajardo, Eliana Quezada, y los abogados (i) Álvaro Vidal y Eduardo Gandulfo, ha ratificado la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, que encontró suficientes méritos para dar paso a la acción del Ministerio Público, que pretende acusar al exministro.
La querella de capítulos, de acuerdo al artículo 424 del Código Procesal Penal, tiene como propósito hacer efectiva la responsabilidad de los jueces por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones que constituyan infracciones penadas por la ley; se trata de delitos ministeriales, a diferencia de los delitos comunes, que se rigen por la normativa procesal penal general.
«Este procedimiento garantiza que los jueces cuenten con un antejuicio para protegerlos de acusaciones infundadas o sin base, por delitos inexistentes atribuibles a su ejercicio profesional”, señala el fallo de la Corte Suprema.
La fiscalía ya ha presentado una acusación contra el exmagistrado, quien enfrenta la posibilidad de una pena de hasta 20 años de prisión por los 15 delitos reiterados de interceptación maliciosa de comunicaciones en perjuicio de nueve personas, así como por los 9 ilícitos de falsificación ideológica de documentos públicos.
La fiscalía también acusó al exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Schafik Nazal, solicitando las mismas sanciones.
Las víctimas eran denunciantes de fraudes al fisco dentro de la institución militar, así como periodistas y otros funcionarios del Ejército, que fueron objeto de investigaciones por motivos laborales e incluso amorosos, según la indagatoria.
Entre los medios de prueba se incluyen 92 testigos, entre ellos el magistrado de la Corte Suprema, Mario Carroza, quien ocupó un puesto en la Corte de Apelaciones de Santiago y se encargó de resolver solicitudes de medidas intrusivas por parte de organismos de inteligencia, así como los exministros de Defensa Baldo Prokurica y Mario Desbordes.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
