Este lunes fue formalizado un funcionario de Aduanas que, junto a otros dos acusados, estuvo involucrado en el delito de contrabando de mercancía no declarada, falsificada y sin autorizaciones sanitarias, valuada en más de un millón de dólares estadounidenses.
La fiscal jefa del Tamarugal, Karem Gómez, detalló en la audiencia que el ciudadano boliviano A.F. y el chileno G.E.C.C. coordinaron sus acciones con el funcionario de Aduanas, también chileno, J.D.S.V., para trasladarse el 29 de julio de este año, a las 21:00 horas, a la Avanzada Aduanera de Quillagua, utilizando un tractocamión y un semirremolque con destino a la región Metropolitana.
Una vez en el lugar, G.E.C.C. se acercó a la ventanilla de control, donde se encontraba el funcionario J.D.S.V., a quien le entregó un manifiesto de carga que indicaba el transporte de ropa y zapatillas. Sin embargo, se trataba de mercancía no declarada, que incluía productos falsificados y otros que requerían autorización sanitaria, la cual no tenían.
El funcionario de Aduanas, al incumplir sus obligaciones, permitió la salida del vehículo desde la región de Tarapacá sin realizar la revisión documental ni física de la carga, omitiendo la declaración de ingreso y el registro de salida del vehículo. Posteriormente, otros funcionarios de Aduanas detectaron la irregularidad y detuvieron el camión para realizar una revisión física, encontrando las mercancías.
En total, se encontraron 260 cajas con mercancía prohibida, que incluían más de 10 mil pares de zapatillas falsificadas con logotipos de marcas como Nike, Jordan, Armani, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Gucci, entre otras; además de 55 mil pares de calcetines, 2 mil cinturones de mujer, 1.200 gorros y 450 chaquetas que reproducían diversas marcas registradas. También se incautaron 6 mil unidades de vaporizadores con 5 % de nicotina, considerados mercancía prohibida por falta de autorización sanitaria.
El valor aduanero de las mercancías incautadas fue estimado en 999 millones de pesos chilenos (equivalente a 1.074.492 dólares), mientras que los derechos e impuestos que el Estado dejó de recibir ascienden a 271 millones de pesos.
La Fiscalía ha formalizado a los acusados por el delito de contrabando, y al funcionario de Aduanas, además, por fraude al fisco, solicitando la prisión preventiva para todos los involucrados. Esta petición fue aceptada por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que estableció un plazo de investigación de 100 días.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
