La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte ha solicitado prisión perpetua para dos exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) involucrados con el Tren de Aragua, quienes formaban parte de una red de explotación sexual que operaba en la Plaza de Armas de Santiago.
Los acusados son Nicolás Ortega y Sebastián Peredo, exdetectives que actualmente se encuentran en prisión preventiva y fueron destituidos de la policía civil en marzo de 2024.
El Ministerio Público ha presentado la acusación y se espera la fecha para la preparación del juicio oral, el cual podría durar seis meses. La Fiscalía pide presidio perpetuo simple para los exdetectives, así como para otros miembros de la organización por los delitos reiterados de trata de personas.
Además, se podrían agregar otras penas por delitos adicionales, como el lavado de dinero en el caso de Ortega, quien está acusado de realizar “transferencias a otros miembros de la organización” y de “ocultar y disimular el origen ilícito” de estos fondos.
A Peredo se le imputa también promover y facilitar el ingreso de extranjeros a Chile con fines de lucro. En su rol como inspector del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, permitió la entrada de dos ciudadanos colombianos a través del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica.
“Recibimos información sobre funcionarios de la PDI involucrados, quienes eran ‘sapos’ y estaban al tanto de lo que ocurría”, comentó la fiscal Carolina Suazo, de Alta Complejidad de la zona metropolitana Centro Norte.
Según informó El Mercurio, la red de explotación sexual sometía “al menos 100 víctimas de forma simultánea”.
Para desenmascarar a los involucrados, fue crucial una llamada del 28 de noviembre de 2022, cuando una adolescente venezolana de 17 años se dirigía a un juzgado de familia en la capital tras ser rescatada por la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI. La joven era explotada por el Tren de Aragua en un departamento del Portal Fernández Concha, donde se le obligaba a pagar una “multa”.
Mientras iba al tribunal, recibió una llamada del imputado Ricardo Pinto, quien fingió ser su padre. Esto llevó a que el exfuncionario contactara al cubano Yariel Ulloa para discutir cómo proceder ante la “captura” de la adolescente.
“El ciudadano cubano dice: ‘Yo le voy a preguntar a Nico’. Esto confirma que ‘Nico’ (Ortega) era un funcionario de la Policía de Investigaciones”, señaló la fiscal Suazo.
Durante la investigación del Tren de Aragua, se ubicó a la joven explotada. “Recibimos información que confirmaba que había funcionarios de la PDI involucrados. Sabían dónde estaban las víctimas y lo que iba a suceder”, detalló la fiscal.
Los exfuncionarios entregaban “continuamente información de las bases de datos policiales, consultando sobre imputados o personas relacionadas con ellos”.
Uno de los exdetectives tenía antecedentes por apremios ilegítimos y el otro había sido sometido a sumarios.
Al menos 15 personas formaron parte de la red de explotación sexual entre 2021 y 2024, captando mujeres tanto de Chile como del extranjero, quienes debían pagar una deuda conocida como “multa”.
Las cobranzas se realizaban de tres maneras. Primero, había una “plaza” con tarifas de $60 mil a $80 mil semanales para ejercer comercio sexual.
Además, requerían $50 mil adicionales para acceder a la plaza y, finalmente, el pago de entre $3 a $5 millones por la denominada “multa”.
“Considerando solo algunos meses, las ganancias superaban los $1.700 millones”, reveló la fiscal.
Las mujeres eran alojadas en departamentos en las calles Huérfanos y Lira, y contactaban a clientes en la Plaza de Armas o avenida 10 de julio, llevándolos a departamentos del Portal Fernández Concha y a un hostal en Argomedo.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
