En octubre de 2024, un deslizamiento de taludes que arrastró piedras y otros materiales dejó inhabilitada la cuesta Cultura Chinchorro en la ruta 5 Norte, aislando a la región de Arica y Parinacota del resto del país.
A raíz de este incidente, la Contraloría General llevó a cabo una auditoría en la Dirección de Vialidad de Arica, resultando en el inicio de un sumario administrativo por una serie de irregularidades en la gestión de la emergencia.
Según el oficio N° E135081 de 2025, que corresponde a la primera fase de la auditoría, se destaca que los trabajos de emergencia realizados por la Dirección de Vialidad carecían de un informe geotécnico que avalara la solución propuesta.
Otra irregularidad importante es que la instalación de la malla no cumplió con el perfil tipo ni con el esquema del fabricante. Además, la CGR encontró que no se habían realizado pruebas de resistencia en los pernos de anclaje o en los cables de soporte, lo que representa un alto riesgo de nuevos deslizamientos y posibles accidentes en la ruta.
En esta primera parte de la auditoría, la CGR identificó otras debilidades administrativas. Se constató que el convenio para el trabajo directo en la obra de emergencia “Conservación Obras por Emergencia Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Cultura Chinchorro, Región de Arica y Parinacota”, firmado el 30 de octubre de 2024, no ha sido aprobado mediante el acto administrativo correspondiente.
Además, no se han proporcionado los antecedentes que expliquen la demora en la firma del contrato en una situación de urgencia. También se observó que el contratista ha comenzado las obras sin recibir ningún pago, lo que podría suponer un riesgo de incumplimiento por insolvencia.
Asimismo, se verificó que el proyecto de rehabilitación de la infraestructura vial afectada no cuenta con la identificación presupuestaria necesaria.
En este contexto, el servicio deberá asegurar el cumplimiento de la normativa relacionada con la financiación y la identificación de proyectos futuros, garantizando que el pago por las obras se alinee con el desarrollo del proyecto y se protejan los recursos públicos.
Frente a los hechos expuestos, la Contraloría Regional llevará a cabo un sumario para determinar posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios vinculados a las irregularidades mencionadas; además, el servicio implicado deberá entregar las certificaciones de los ensayos y la documentación pertinente en un plazo de 30 días hábiles tras la recepción del informe.
(Imagen: Contraloría)
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