La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una controversial ley de amnistía que favorece a militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad. La normativa tiene como objetivo anular los procesos judiciales y las investigaciones vigentes contra las fuerzas del orden por presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que afectó al país entre 1980 y 2000. Esta decisión ha suscitado una fuerte reacción de organismos internacionales y defensores de los derechos de las víctimas.
Durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno, Boluarte justificó la ley como un reconocimiento a quienes participaron en la lucha. «Con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce a los militares y autodefensas (civiles) que participaron en la lucha» contra el terrorismo y en defensa de la democracia, aseguró la mandataria. Esta defensa coincide con la narrativa de las fuerzas políticas que promovieron la ley en el Congreso, argumentando que los militares que combatieron han sido «criminalizados» por su labor.
La promulgación de la ley ha sido rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Estas entidades han señalado que la medida contraviene las obligaciones internacionales de Perú en cuanto a justicia y reparación. Según los críticos, la ley establece un marco de impunidad, ya que anula los procesos por delitos que son considerados imprescriptibles y no amnistiables según el derecho internacional.
Organizaciones de víctimas han descrito la ley como un «duro golpe» a la justicia y un esfuerzo por borrar la memoria de los miles de muertos y desaparecidos durante el conflicto, perpetuando así su sufrimiento. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final, estimó que el conflicto dejó cerca de 70.000 víctimas fatales, en su mayoría civiles, con un alto porcentaje de las muertes atribuido a las fuerzas armadas.
Esta ley fue aprobada por el Congreso, dominada por fuerzas conservadoras y de extrema derecha, y se desarrolla en un contexto de tensiones entre el poder ejecutivo y el legislativo. Históricamente, Perú ha visto varios intentos de promulgar leyes de amnistía para proteger a militares de juicios por violaciones a los derechos humanos, siendo la más notable la de 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Dicha ley fue posteriormente declarada inválida por el Tribunal Constitucional y la Corte IDH, sentando un precedente que podría repetirse ahora.
Los analistas políticos indican que la promulgación de esta ley refuerza la alianza entre el gobierno de Boluarte y las fuerzas conservadoras del Congreso, a costa de ceder en un tema tan delicado como los derechos humanos. La controversia actual pone en tela de juicio el compromiso del Estado peruano con la justicia transicional y con las víctimas de uno de los capítulos más oscuros de su historia.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
