Una fuerte controversia política ha surgido en el Congreso, tras el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado a un proyecto de ley que busca regular el cumplimiento alternativo de penas para condenados de edad avanzada o con enfermedades terminales.
La propuesta, impulsada por los senadores de Chile Vamos Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel (RN), ha sido rápidamente cuestionada por el oficialismo. Los detractores señalan que, aunque el proyecto no menciona un penal específico, su estructura parece orientarse a beneficiar a los internos de Punta Peuco, donde cumplen condena autores de crímenes de lesa humanidad.
El debate en la Cámara Alta ha estado caracterizado por un lenguaje contundente que refleja la intensa división que existe sobre el asunto. Los parlamentarios oficialistas han rechazado de manera enérgica la iniciativa, enfatizando que la avanzada edad de los reclusos no debería ser un atenuante para los delitos cometidos.
El diputado Diego Ibáñez (FA) expresó: «Desde 1995, la derecha ha intentado liberar a los torturadores y creo que los abuelitos de Punta Peuco no son inocentes». Además, dejó claro que los condenados «no merecen ningún tipo de beneficio alternativo, que por cierto está prohibido por tratados internacionales».
En esa misma línea, el senador Tomás De Rementería (PS) destacó la diferencia entre los criminales comunes y los reclusos de Punta Peuco, a quienes criticó duramente: «No quiero que se liberen violadores de niños ni a esos seres inhumanos que han perdido toda característica que los hace humanos, que hay en Punta Peuco», declaró el socialista.
Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, tildó de «retroceso» el actuar de Chile Vamos, subrayando que estos proyectos «tienen nombre y apellido» y están definitivamente dirigidos hacia los presos de Punta Peuco.
A pesar de las críticas, el senador Francisco Chahuán (RN), quien preside la comisión, defendió la propuesta, asegurando que «no implica impunidad ni olvido». Los defensores del proyecto argumentan que su enfoque es humanitario, buscando ajustar la legislación a estándares internacionales para evitar que la pena se convierta en un castigo inhumano para las personas mayores o enfermas. Aseguran que el objetivo no es absolver los crímenes, sino encontrar una forma de cumplir la pena que respete la dignidad de quienes se encuentran en situaciones vulnerables por su salud o edad.
El proyecto de ley continuará su tramitación en el Congreso en medio de esta aguda controversia que reaviva el debate sobre la justicia transicional y el respeto a los derechos humanos en el país.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
