El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien desde inicios de agosto está cumpliendo una condena de doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos y fraude procesal.
La Sala Penal del tribunal hizo este anuncio en un escrito de 38 páginas, donde se instruye a la jueza Sandra Heredia revocar la medida de detención impuesta al exmandatario «hasta que este Tribunal resuelva el recurso de apelación presentado contra esa decisión de primera instancia».
La corte decidió “proteger el derecho fundamental a la libertad individual” de Uribe, cuestionando las razones por las que la magistrada solicitó su detención, al calificar esos criterios como «vagos, indeterminados e imprecisos, incluyendo la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social«. Argumentó que, en realidad, las conductas cuestionadas afectaron a personas específicas y no al conjunto de la sociedad.
«Este tipo de razonamiento ignora el principio de igualdad ante la ley y el criterio de proporcionalidad, al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la libertad, lo que resulta desproporcionado, prevaleciendo la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria sea definitiva», añadió.
La corte también criticó que Heredia «insistentemente enfatizara el reconocimiento público del acusado», argumentando que él «debe responder únicamente por sus acciones y no por sus características personales, las cuales la magistrada empleó como un criterio de peligrosidad, lo que es subjetivo».
Recientemente, la Fiscalía de Colombia presentó un recurso contra la condena de doce años impuesta a Uribe, argumentando que la sentencia se basa en conjeturas, a lo que se suma el recurso de apelación de la defensa del exmandatario.
Aparte de la prisión domiciliaria, Uribe recibió una inhabilitación de más de ocho años y una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalentes a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
La jueza sostiene que el exmandatario de 73 años, quien ha negado las acusaciones y sostiene ser víctima de una persecución política, instigó a emisarios para manipular a testigos dentro de las cárceles del país con el propósito de beneficiarse de sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena intentó ofrecer ventajas a varios exparamilitares para que alteraran su declaración sobre supuestos vínculos de Uribe y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso se originó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, afirmando que este había visitado cárceles en el país para presentar testimonios falsos en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia.
Sin embargo, conforme se recababan pruebas, varias versiones sugirieron que los abogados de Uribe intentaban manipular a testigos para incriminar a Cepeda, lo que resultó en que este último pasara de ser acusado a víctima, mientras que Uribe, quien había presentado la denuncia, se convirtió en el investigado.
(Imagen: Juan Carlos Sierra Pardo)
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