La Fiscalía de Atacama ha logrado la condena de un imputado por su intervención en un delito de suicidio femicida ocurrido en Copiapó, marcando un hito como el primer caso a nivel nacional en el que se ha podido demostrar su implicación.
Sobre este asunto, el fiscal adjunto Ariel Guzmán Moya explicó que la investigación se inició tras el suicidio de una mujer adulta en septiembre de 2023. Tras este trágico evento y gracias a información proporcionada por familiares de la víctima, la Fiscalía decidió ampliar la investigación al considerar que había elementos que justificaban el nuevo tipo penal de suicidio femicida, promulgado en 2023. En este proceso, además del trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI, se contó con el apoyo jurídico de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional. Esto permitió un examen exhaustivo de las pruebas, lo que condujo a acusar al imputado por su participación en actos de violencia física y psicológica contra la víctima previo a su deceso, estableciendo así el nexo causal entre sus acciones y el desenlace fatal. El fiscal también mencionó que el acusado se mantuvo en prisión preventiva desde la audiencia de formalización de la investigación.
Acerca de esta primera condena en el país por este tipo de delito, la directora de la mencionada unidad de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez, destacó que el trabajo investigativo permitió confirmar que los eventos en la capital de Atacama ocurrieron en un contexto de violencia de género de carácter sistemático.
“Por ello, hacemos un llamado a abordar estos casos como parte de una criminalidad compleja que exige una atención especial por parte de los agentes del Estado. Además, es un problema de seguridad pública que debe ser analizado con una perspectiva de género para prevenir la impunidad de quienes cometen estos delitos”, afirmó.
Con la recopilación de pruebas, el caso fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, donde se realizó un procedimiento abreviado. En esta ocasión, se impuso al condenado una pena de 5 años de prisión, la cual, al cumplir con los requisitos establecidos por la ley, se ejecutará bajo el régimen de libertad vigilada intensiva.
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