Después de que la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre la reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana aprobara su informe general y rechazara en una votación separada los puntos que señalaban negligencia institucional, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, subrayó la importancia de las decisiones tomadas en esta instancia de la Cámara de Diputados.
El secretario de Estado enfatizó que el Gobierno tomará en consideración todas las recomendaciones de la comisión investigadora con el fin de mejorar la forma en que se enfrentan emergencias, catástrofes y procesos de reconstrucción.
«La sesión de hoy fue más reflexiva que en ocasiones anteriores. La mayoría de las opiniones se centraron en entender lo sucedido, profundizar en los factores que provocaron los retrasos y evaluar los logros alcanzados. Es decir, intentamos obtener una perspectiva objetiva que sirva al Parlamento y al Estado para hacer mejor las cosas», afirmó Montes.
El ministro también valoró que en la CEI de la reconstrucción se hayan aclarado «informaciones erróneas» sobre el listado de viviendas supuestamente ofrecidas por la Cámara Chilena de la Construcción. Recordó que el propio gremio afirmó el 18 de julio pasado que «no existió ningún ofrecimiento de parte de las empresas asociadas a nuestra entidad para donar un número específico de viviendas para el proceso de reconstrucción».
El documento también subraya que se envió una “planilla con información” y un “catastro de viviendas disponibles”, y no una “oferta”, como se indicó en la comisión, aclarando que esos listados incluían viviendas que excedían el rango de precios que puede costear el Estado o que no eran adecuadas para una familia. «Debemos ser muy serios. La democracia exige seriedad. Algunos solo buscan culpar o señalar, sin asumir ninguna responsabilidad, y sin presentar argumentos sólidos», manifestó el ministro Carlos Montes.
Montes también resaltó el trabajo realizado por los funcionarios del Minvu y del Serviu, mencionando que «la gente ha estado trabajando arduamente para avanzar en este proceso, y es importante reconocer eso. Por lo tanto, debemos considerar los datos reales y las razones detrás de los tiempos que ha tomado este proceso. Si no actuamos con seriedad, será difícil superar esta situación y tener una mejor perspectiva para el futuro».
Puranoticia.cl ha accedido a varias conclusiones sobre los factores que explican el ritmo de la reconstrucción, comenzando por las particularidades de los daños, ya que cada situación familiar presenta diferentes características en cuanto a la situación social, legal y patrimonial; los efectos del incendio variaron; existen diversas modalidades de reconstrucción; y no hay un modelo único o estandarizado.
Respecto a la organización de la reconstrucción, señalaron las limitaciones del modelo institucional para lograr un proceso integral y rápido. Se mencionó la política de reconstrucción, liderada por el Consejo de Ministros bajo la dirección de la Ministra de Desarrollo Social, entidad que elaboró el Plan de Reconstrucción, aunque se concluyó que «su coordinación operativa no siempre ha sido clara ni uniforme».
También se abordó la organización operativa, en la que cada ministerio sectorial organiza sus tareas de manera descentralizada, asignando al Minvu un rol principal, ya que la prioridad es la vivienda. Aunque se establecieron fases y actores, hubo dificultades. Recordaron que en los primeros cuatro meses, estuvieron a cargo Ricardo Carvajal, la seremi Belén Paredes y el exdirector del Serviu, Rodrigo Uribe.
«El Minvu es la estructura permanente que sostiene el proceso, aunque presenta relaciones débiles con la Delegación, Seremi y Gobiernos Regionales, además de una coordinación con los municipios que carece de una institucionalidad clara», reconocieron desde el ministerio, añadiendo que también influyó la campaña electoral del año pasado.
La Secretaría de Estado destacó el componente operativo como uno de los más relevantes en el ritmo de reconstrucción. Se señaló que la modalidad predominante es la licitación o externalización de proyectos, lo que requiere en promedio 10 meses antes de iniciar las obras, debido a la elaboración de bases, concurso, adjudicación, diseño de proyectos, aprobaciones y montaje de faenas.
Además, reconocieron que la organización actual carece de capacidades en áreas como loteos, muros de contención, estudios de suelo o apoyo jurídico. «Estas capacidades deben ser contratadas, lo que añade tiempos”, señalaron. “La coordinación con los municipios ha sido menor a la deseada, limitando la rapidez en la gestión territorial”, agregaron.
Como mencionó el ministro Carlos Montes ante la comisión investigadora, han surgido imprevistos que retrasan el proceso de reconstrucción, como exigencias de la Conaf (planes de manejo); de Sernageomin (zonas de riesgo); así como la construcción de muros, tomas y sistemas de evacuación de aguas servidas.
El Ministerio informó que se realizaron cambios legales y normativos para superar bloqueos, pero advirtieron que la ejecución depende de múltiples actores externos. Además, comentaron que las entidades técnicas y constructoras avanzan a un ritmo compatible con proyectos regulares, no con emergencia, y enfatizaron que la capacidad de control semanal del Estado es limitada. «En la mayoría de los casos, los contratos son entre familias y empresas, con el Serviu actuando como supervisor y no como mandante directo».
Por último, remarcaron que «desde el inicio de esta emergencia hemos señalado que el plazo para reconstruir viviendas es de dos años. Entendemos la urgencia de las familias y estamos trabajando con sentido de urgencia, reconociendo que el Estado debe asumir su responsabilidad, cumpliendo con los pasos necesarios antes de que se materialicen las obras. Esto ya está ocurriendo y esperamos seguir avanzando en esa dirección».
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
