La defensa de Daniel Andrade, cofundador de la Fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, ha presentado una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta para reanudar la investigación en su contra.
Esta solicitud surge poco antes de que el fiscal Cristián Aguilar formalice la acusación que solicita 10 años de prisión para él y otros tres imputados en el caso Convenios. Tras esta acusación, el tribunal ha programado una audiencia preparatoria de juicio oral, según informa La Tercera.
La defensa de Andrade no se limitó a declaraciones, sino que también actuó de manera concreta: el viernes 22 de agosto, solicitaron al tribunal la reactivación de la indagatoria, argumentando que en la audiencia de cierre la Fiscalía presentó nuevos antecedentes.
“Esta petición se basa en que, el 12 de agosto de 2025, el Ministerio Público reformalizó al señor Andrade, añadiendo nuevos hechos, incluido un contrato de arrendamiento falso entre la Fundación Democracia Viva y la dueña de un inmueble en Ñuñoa”, indicó la defensa.
Además, destacaron que “este contrato, según el Ministerio Público, habría sido utilizado para justificar falsamente un domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y así poder iniciar actividades de la Fundación Democracia Viva con el objetivo de acceder a fondos del Programa de Apoyo a Proyectos”.
Los abogados defensores -Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto- consideran que las imputaciones son “superficiales, infundadas y carentes de respaldo probatorio”, por lo que solicitan nuevas diligencias para “demostrar que las afirmaciones de la reformalización no se corresponden con la realidad”.
Entre estas diligencias, mencionaron la solicitud de información al Servicio de Impuestos Internos sobre el inicio de actividades de la fundación, el domicilio tributario declarado y los documentos presentados para dicho trámite.
“Esta información es esencial para demostrar que el señor Andrade no ha incurrido en ningún tipo de falsedad o fraude”, sostuvieron.
Asimismo, reafirmaron su “total convicción de que Daniel Andrade es inocente de los cargos que se le atribuyen y que las afirmaciones del Ministerio Público no tienen sustento fáctico ni jurídico”.
Finalmente, añadieron que “resulta inadmisible cerrar una investigación el mismo día de la reformalización, sin haber llevado a cabo las diligencias mínimas necesarias para aclarar los hechos”.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
