La bancada de diputados de Renovación Nacional se dirigió al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, solicitándole que reconsidere su decisión de no aplicar la Ley Antiterrorista en la investigación de los autores del ataque ocurrido la noche del sábado 23 de agosto en el fundo Los Prados, en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.
Este incidente, que tuvo lugar durante una faena forestal, resultó en la muerte de un patrullero y dejó a otro gravemente herido.
Para los legisladores Frank Sauerbaum, Carla Morales, Miguel Becker, Jorge Rathgeb, Juan Carlos Beltrán y Miguel Mellado, cambiar esta postura sería una “manera de enviar un mensaje claro de justicia y reafirmar el compromiso del Presidente Boric de combatir el terrorismo”.
Subrayan que el ataque ocurrió “días después de que el Gobierno intentara obtener los votos en el Congreso para renovar un estado de excepción, momento en el cual la ministra de Defensa Nacional celebró el éxito de la medida”.
Recuerdan que, tras el atentado, “el Gobierno, mediante el Ministerio de Seguridad, presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado, descartando la aplicación de la Ley Antiterrorista, argumentando que era necesario no comprometer el curso de la investigación”.
Para los diputados de RN, es fundamental que el “Ejecutivo rectifique y haga uso de la legislación antiterrorista”. Aclaran que “la intención de infundir temor, la acción armada organizada y el resultado mortal reflejan claramente las conductas que la nueva Ley Antiterrorista busca prevenir y sancionar con mayor severidad”.
También enfatizan que “como Bancada de Renovación Nacional, participamos de manera significativa en la redacción final de esta ley” y que en este contexto, “la forma más efectiva de perseguir estos delitos es a través del nuevo marco legal de la Ley Antiterrorista y las diversas herramientas investigativas que proporciona (…) esto es fundamental dadas las graves implicaciones que tiene el terrorismo para una sociedad libre”.
Añaden que apelar a “cuestiones de estrategia procesal” para evitar el uso de la ley evidencia un retroceso en la lucha contra el terrorismo en la Macrozona Sur, “debido a los miedos que tienen las coaliciones de centroizquierda para aplicar este marco contra crímenes que se justifican como reivindicaciones territoriales”.
Además, mencionan que “las presiones históricas del Frente Amplio y el Partido Comunista para evitar estas herramientas en casos de atentados que claramente buscan desafiar al Estado en ciertas áreas de la Provincia de Malleco vuelven a predominar y afectan la credibilidad del ministro y su nuevo cargo, en el que alguna vez depositamos expectativas”.
Por último, reafirman que tanto el Gobierno como el Ministerio de Seguridad deben revisar su postura, “con el fin de enviar un mensaje claro de justicia y reafirmar el compromiso del Presidente Boric en la lucha contra el terrorismo, lo cual se pone en duda tras esta penosa decisión”.
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