El Tribunal Supremo de Bolivia ha solicitado que se revisen todos los casos de prisión preventiva en el país ante las numerosas quejas de los reclusos, quienes exigen un «trato equitativo» similar al que recibieron tres políticos implicados en la crisis de 2019, cuyos casos han sido reevaluados.
El presidente del tribunal, Romer Saucedo, ha dispensado una serie de «jornadas para verificar los plazos del cumplimiento de las detenciones preventivas» en todo el país, tras la controversia generada por la revisión de los procesos de la expresidenta Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
Estos tres individuos habían permanecido años en prisión mientras esperaban la resolución de sus casos, pero recientemente han sido liberados tras el «cese de las medidas cautelares», según informó la Justicia boliviana.
Este acontecimiento ha incitado a cientos de presos a manifestarse y a exigir la revisión de sus propios casos. El Supremo ha concedido un plazo de 24 horas a los distintos departamentos para examinar estas medidas.
Asimismo, se ha ordenado que los reclusos permanezcan en prisión preventiva en los territorios donde se hayan iniciado los procesos en su contra, instando al traslado de aquellos que no cumplan con esta disposición.
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