La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su aporte de antecedentes en relación a la licitación de transición del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso, solicitud realizada por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV).
El informe de la División Antimonopolios de la FNE sugiere un conjunto de medidas estructurales para mitigar riesgos de integración horizontal y vertical, teniendo en cuenta la naturaleza temporal de esta licitación y mejorando los mecanismos para prevenir e identificar conductas anticompetitivas.
Asimismo, se enfatiza que, dada la relevancia estratégica del Terminal N°2 para la carga no contenedorizada y ciertos importadores y exportadores especializados, es esencial evitar los riesgos de concentración.
“El modelo de adjudicación propuesto por EPV (‘dos cajas’) representa una excepción al principio general que prohíbe la integración horizontal, el cual debe ser el criterio fundamental en las licitaciones portuarias”, destacaron.
El Terminal N°2 es vital para el sistema portuario regional, actualmente concentrando más del 80% de la carga fraccionada que se mueve en la región de Valparaíso.
Además, es el principal punto de transferencia de productos de acero y hierro, los cuales representan más del 75% de su carga anual, y desempeña un rol importante en la atención de cruceros y en las exportaciones hortofrutícolas.
El informe de la FNE también menciona que, durante la temporada alta de turismo y exportaciones, el sistema portuario regional puede sufrir de congestión, lo que subraya la necesidad de que el Terminal N°2 opere bajo condiciones de acceso abierto y no discriminatorio.
Referente a la integración vertical, la FNE indicó que “es preferible establecer un estándar más severo, relacionado con la capacidad de control e influencia decisiva sobre la concesionaria”.
A pesar de ello, reconocen que, debido al carácter transitorio de la concesión, es razonable mantener el umbral de participación del 60% presente en las bases de licitación, siempre que EPV justifique su aplicación, especialmente en relación con la carga fraccionada, “para la cual existen pocas alternativas competitivas”.
El informe aclara que las recomendaciones presentadas al TDLC buscan garantizar condiciones equitativas de acceso al terminal y proteger la libre competencia en un segmento portuario esencial para la economía regional.
- Revisar la definición de “incumbente”, estableciendo claramente al inicio de la operación del nuevo concesionario.
- Fortalecer los mecanismos de fiscalización de EPV y exigir metodologías claras para verificar el cumplimiento del límite de integración vertical y de los resguardos conductuales.
- Perfeccionar las bases de licitación (BALI), eliminando parámetros indeterminados y especificando los criterios de adjudicación, como el Índice Tarifario.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
