En el contexto de la investigación del caso Luminarias LED, se ha conseguido recaudar más de 3 mil 272 millones de pesos para el Fisco, resultado de multas y comisos vinculados a las condenas impuestas.
La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, ha liderado indagaciones que han demostrado que la alta dirección de la empresa ofreció sobornos, ya sea directamente o a través de intermediarios, a funcionarios públicos, con el objetivo de conseguir la adjudicación de licitaciones para proyectos de recambio de luminarias en diversas comunas del país.
Además de los sobornos y el cohecho, la Fiscalía ha investigado otros delitos como violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y la responsabilidad penal de la persona jurídica.
En agosto se llevó a cabo la audiencia de preparación para el juicio oral en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El caso involucra a los municipios de Chillán, Negrete, Coyhaique y Puerto Natales, así como al Ministerio de Energía y la responsabilidad penal del grupo Itelecom, además de otros aspectos relacionados con delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita.
Según los informes de la Fiscalía, de los 21 acusados, 11 ya han sido condenados a través de procedimientos abreviados, incluido el Holding Itelecom. Además, se ha otorgado una suspensión condicional del procedimiento, por lo que 9 acusados enfrentarán juicio oral.
Los acusados que se presentarán en el juicio oral incluyen a altos directivos del grupo empresarial, para quienes se solicitan las penas más severas, así como dos exalcaldes: Rigoberto Huala (Coyhaique) y Fernando Paredes (Puerto Natales).
La fiscal Mansilla subrayó que “un aspecto importante de la condena al holding Itelecom es que, para llegar a un procedimiento abreviado, el Ministerio Público condicionó la disolución de seis de las sociedades que lo integraban, las cuales no mantenían contratos vigentes con entidades estatales.
Además, las empresas pertenecientes al holding no podrán acceder a beneficios del Estado ni contratar con él, lo que implica que, al finalizar los contratos que sostienen con algunas municipalidades, tres de las sociedades del grupo también se disolverán en la práctica.
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