El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) admitió el miércoles el fracaso de la Comisión Técnica creada para encontrar una solución que impidiera el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde residen más de 10 mil personas en 215 hectáreas.
De acuerdo con el ministerio, después de 17 sesiones, el proceso no alcanzó los resultados anhelados debido a disparidades en la valoración de los terrenos y a la rígida postura de los propietarios, quienes llegaron a triplicar el valor que había determinado el propio Minvu.
Ante esta situación, la amenaza de un desalojo judicial –ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y validado por la Corte Suprema– coloca nuevamente en la incertidumbre a las 4.136 familias que residen en este megacampamento, que se ubica en el cerro Centinela, de las cuales un 30% son niños, niñas y adolescentes.
Desde la Secretaría de Estado afirmó que, aun así, continuarán dispuestos a facilitar la compra del terreno a través de cooperativas de vivienda, pero apelaron a los propietarios para que reconozcan el esfuerzo realizado y se abran a un acuerdo que evite una crisis humanitaria en la comuna.
La megatoma de San Antonio comenzó a poblarse en octubre de 2019, en el contexto del estallido social, y actualmente abarca 215 hectáreas. Según un catastro del Minvu de 2024, en el asentamiento residen 10.251 personas, organizadas en 4.136 hogares. De la población total, 3.146 son menores de edad (30%); 923 son adultos mayores (9%); y 649 habitantes tienen algún tipo de discapacidad (6.3%). En cuanto a la vulnerabilidad, el 65% de los residentes pertenece al 40% de ingresos más bajos del Registro Social de Hogares.
Al acoger un recurso de protección interpuesto por los propietarios del terreno en el cerro Centinela, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo del inmueble, decisión que fue confirmada más tarde por la Corte Suprema.
Sin embargo, para evitar un desalojo que podría propiciar una crisis humanitaria, Minvu se comprometió a colaborar en la construcción de una solución, proponiendo que las familias del campamento, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda, sean las compradoras del terreno. Esto no desestima que, una vez regularizada la tenencia del suelo, el Estado, y específicamente el Minvu, se incluya en las acciones necesarias para urbanizar y equipar el sector, beneficiando tanto a las familias como a la comuna de San Antonio, dentro del marco habitual de sus programas habitacionales.
El 24 de febrero de 2025, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría del Interior, la Municipalidad de San Antonio y los propietarios firmaron un protocolo de acuerdo que dio origen a una Comisión Técnica responsable de informar sobre el precio, condiciones y garantías para una posible venta del terreno. Esta comisión se instauró el 22 de abril, se reunió en 17 ocasiones y levantó actas de cada encuentro. El ministerio afirmó que desde el inicio se establecieron reglas de funcionamiento, acuerdos de confidencialidad y un pacto de integridad, que fueron respetados.
En su papel de salvaguarda técnica para garantizar la veracidad y rigor de los acuerdos, el Minvu recordó que la Comisión Técnica «no era una mesa de negociación”, sino que su función era comunicar a las partes el acuerdo técnico que se alcanzara de buena fe sobre las posibles condiciones de venta del terreno. Esto se debe a que los organismos de la Administración del Estado están regidos por el principio de juridicidad, en lugar de por la autonomía de la voluntad como es habitual en el derecho privado.
Sin embargo, tras 17 sesiones, el ministerio bajo la dirección de Carlos Montes admitió que “los resultados no fueron los esperados”, y que los principales obstáculos surgieron de «la discrepancia en la valoración del terreno y las posturas hostiles de los representantes de los propietarios, además de las condiciones comerciales que trataron como ‘una compraventa más’.
Complementaron indicando que «los propietarios tienen pleno derecho a decidir sobre su participación en la compraventa de los terrenos, de acuerdo con el principio de libertad de contratación, pero una verdadera intención de llegar a un acuerdo en este caso requiere evaluar adecuadamente las circunstancias particulares y considerarlas en su debida medida«.
Respecto a la discrepancia en la valoración, señalaron que «el precio propuesto por los propietarios se basa en informes que no están técnicamente válidos por el Minvu –como custodio técnico del proceso–, no es un valor financiable, ni sostenible a largo plazo para las familias».
De hecho, enfatizaron que el precio ofrecido por los propietarios triplica el valor de la tasación realizada por el Minvu, situación que dificultó las posibilidades de un acuerdo, financiamiento o garantías institucionales. “Nuestro ministerio ha presentado alternativas justificadas técnicamente para facilitar un consenso en este asunto, pero esto fue rechazado sin ofrecer otras opciones o propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso”, agregaron desde el ministerio.
ACUSAN «FALTA DE INFORMACIÓN»
La contraparte, Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., informó que el miércoles 3 de septiembre «hemos dado por concluida nuestra participación en la mesa técnica, tras agotarse tanto el plazo original de seis meses como su extensión hasta hoy, acordada el 27 de agosto”.
En este sentido, la empresa que representa a los propietarios del terreno explicó que la decisión responde a que «no hay información confiable sobre quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para realizar la compra en un solo acto, y que no se han presentado antecedentes sobre la fuente de financiamiento o la garantía financiera para esta operación».
Asimismo, la inmobiliaria confirmaron el principal temor de los pobladores: «En los próximos días solicitaremos el cumplimiento definitivo de la orden judicial de desalojo», afirmaron, y añadieron que «lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando –por diversas vías– recuperar nuestro terreno o, en su defecto, llegar a un acuerdo que permita recuperar al menos una parte de nuestro patrimonio usurpado».
MINVU PIDE DESTRABAR NUDOS
A pesar de este duro revés, el Minvu recordó que entre sus acciones durante el proceso se comprometió –dentro de sus competencias– a facilitar el mecanismo de financiamiento y coordinar a las entidades públicas y privadas para ello, solicitando a Banco Estado decisiones para desarrollar una propuesta de financiamiento a través de créditos y organizando reuniones periódicas de trabajo.
Asimismo, destacaron que en este tiempo trabajaron para establecer las bases de un modelo y marco institucional que, respetando la legalidad y el respaldo necesarios dentro de los plazos limitados, facilitara la venta de los terrenos a las familias, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda.
Además, subrayaron que el trabajo conjunto con las familias y los organismos de la administración del Estado pertinentes ha permitido alcanzar «progresos significativos», con el 90% de las familias de la megatoma formalizadas en cooperativas de vivienda.
No obstante, desde la Secretaría de Estado aseguraron que siguen «dispuestos a seguir colaborando para facilitar la adquisición de los terrenos por parte de las familias» e hicieron un llamado a los propietarios para «reconocer el trabajo realizado y colaborar en la resolución de los obstáculos que han impedido avanzar en los acuerdos».
Con el quiebre definitivo del proceso, el futuro del campamento más grande del país se encuentra en una situación precaria. Mientras el Minvu sostiene que aún hay alternativas para evitar un desalojo masivo, la inmobiliaria ya ha anticipado la solicitud de cumplimiento de la orden judicial. En medio de esta tensión, más de 10 mil personas viven en la cuenta atrás entre la esperanza de una solución negociada y el temor a un operativo que podría desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
