La Contraloría General de la República ha instruido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) cesar las funciones de Jeanette Tapia Fuentes y recuperar el bono de retiro voluntario que le fue otorgado en 2018, tras hallar irregularidades en su doble vinculación con el Estado.
Esta acción se originó a raíz de un reportaje de radio Biobío, titulado “¿Quién paga? La ‘asesora’ de Carlos Montes que no está contratada por Vivienda”, que cuestionó el rol de Tapia en la institución. Aunque estaba contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), figuraba en documentos oficiales como asesora del ministro Carlos Montes (PS).
Además, Tapia había recibido un bono aproximado de $50 millones por retiro voluntario en 2018, beneficio que le prohíbe trabajar para el Estado durante cinco años, a menos que devuelva el monto recibido.
Tras la publicación, los diputados Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) y Luis Sánchez (PR) solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría. Este lunes, el organismo fiscalizador respaldó su solicitud y ordenó al MINVU recuperar los fondos y suspender las actividades de Tapia.
“La señora Jeanette Tapia estuvo ejerciendo funciones en la Cámara de Diputados y en el Senado como asesora del MINVU, pero en realidad estaba contratada por el PNUD, lo que implicaba una restricción de cinco años (…) Ella debe devolver los fondos que recibió por el retiro al Ministerio de Vivienda”, afirmó la diputada Naveillán en un video.
DOBLE ROL Y REPRESENTACIÓN INDEBIDA
El dictamen emitido el 8 de septiembre confirmó que Tapia compareció ante la Comisión de Vivienda de la Cámara como asesora legislativa del MINVU en al menos tres ocasiones, mientras estaba contratada por el PNUD como especialista en normativa urbana desde 2022.
Según la Contraloría: “La representación de un ministerio u organismo público es parte del ejercicio de una función pública, que no puede ser delegada mediante un convenio con una Agencia de Desarrollo de la ONU”.
Por este motivo, el organismo estableció que Tapia “no está jurídicamente habilitada para llevar a cabo dicha labor de representación” y ordenó al MINVU prevenir nuevas irregularidades similares.
RESTITUCIÓN DEL BONO Y OTROS CASOS
La Contraloría revisó también el bono de retiro voluntario recibido por Tapia, señalando que su contratación a través del PNUD para labores en el MINVU contraviene los objetivos del beneficio.
“Es necesario que el MINVU tome las medidas necesarias para obtener la restitución de las bonificaciones mencionadas”, concluyó el dictamen.
En el marco de la investigación, el MINVU proporcionó una lista de 59 personas que trabajaron en proyectos del PNUD entre 2016 y 2024. En ocho casos, se encontró que los períodos de trabajo coincidían con funciones realizadas como servidores públicos o a honorarios.
La Contraloría ha remitido esta información a las autoridades correspondientes para investigar si hubo superposición indebida entre sus funciones públicas y su relación con el PNUD.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
