La semana pasada, la Contraloría General de la República (CGR) informó que 10.805 funcionarios públicos que laboran en servicios con presencia regional viajaron al extranjero durante su licencia médica, o en parte de ella.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16 de esta entidad, esto podría suponer el uso inapropiado de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, donde el 76% corresponde a Fonasa y el 24% a Isapres.
Es importante mencionar que, según la normativa chilena, la licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, proporcionado por profesionales de salud, permitiendo al trabajador ausentarse o disminuir su jornada laboral, y que, cumpliendo ciertos requisitos, otorga derecho a subsidios o a remuneración.
En este contexto, el último CIC toma en cuenta a funcionarios de servicios públicos con presencia regional que, mientras estaban de licencia médica, realizaron salidas e ingresos al país durante el período 2023 – 2024. Estos casos son adicionales a los informados en el CIC Nº 9, publicado el 20 de mayo, ya que se analizó información complementaria proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), contrastada con los viajes al exterior informados por la PDI.
El análisis de la Contraloría revela que la región con mayor cantidad de salidas e ingresos al país de estos funcionarios es la Metropolitana, con 9.853 salidas (37,04% a nivel nacional), seguida por Arica y Parinacota con 5.636 salidas (21,18%).
En la región de Valparaíso, se registraron 1.013 salidas/ingresos de funcionarios públicos, lo que representa el 3,81% de aquellos que no respetaron el periodo de reposo de la licencia médica.
Respecto a los empleadores, las 15.257 licencias médicas que justificaron la inasistencia de sus titulares, pero que presuntamente no cumplían con el reposo ordenado, se distribuyen en 442 entidades a nivel nacional, siendo 13 de ellas responsables del 52% de dichas licencias (7.966 licencias).
Entre estas, destacan el Servicio de Salud Magallanes, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro y el Servicio de Salud del Reloncaví, que en conjunto representan alrededor del 20% del total nacional, acumulando 3.103 licencias.
En la región de Valparaíso, el organismo fiscalizadora puso atención en el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota (SSVQ), que reportó 692 licencias entre 2023 y 2024, seguido del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio (SSVSA), con 357 licencias durante el mismo periodo.
Como resultado de esta situación, la Contraloría General de la República ha comunicado que notificará a las instituciones implicadas para que se inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes, debiendo enviar las resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) dentro del plazo de 5 días hábiles desde la notificación.
Asimismo, el Consolidado de Información Circularizada y sus documentos de respaldo serán enviados a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), para que tomen las acciones que les corresponde según sus facultades legales.
Por último, se anunciará el envío de esta información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones que correspondan.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
