La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado una acusación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de siete empresas dedicadas al procesamiento de centolla en la Región de Magallanes, así como de ocho de sus ejecutivos por haber coludido para fijar los precios de compra de este recurso proveniente de pescadores artesanales de la región, al menos entre los años 2012 y 2021.
La FNE ha solicitado al TDLC que imponga multas que suman un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a cerca de US$ 54 millones ($51.870 millones) a las empresas implicadas, y 511 UTA, que representan casi US$ 445 mil ($424 millones) a los ejecutivos responsables.
La acusación sostiene que, para conseguir sus fines, los representantes de estas compañías se reunían personalmente (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se comunicaban mediante llamadas, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de centolla.
Con estos elementos, las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör coordinaban los precios de compra al inicio de la temporada y contenían o retrasaban las alzas que se producían durante el periodo de extracción, que abarca de julio a noviembre cada año.
Entre 2017 y 2021, estas empresas adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la región durante la temporada de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales mercados.
La investigación de la FNE reveló que a medida que el precio de compra de la centolla aumentaba durante la temporada, las empresas involucradas en esta colusión buscaban mantener un precio inicial más bajo que el que se habría dado en un mercado competitivo, además de postergar o limitar las subidas de precios, manteniendo contacto frecuente entre ellas.
“Al comunicarse, las empresas involucradas verificaban, por ejemplo, cuánto estaban pagando efectivamente sus competidores -con el fin de confirmar o descartar la información proporcionada por los proveedores- o cuál sería su estrategia para futuras compras, eliminando así la independencia en las decisiones y la incertidumbre respecto al comportamiento de los rivales en un entorno competitivo”, detalla el requerimiento de la FNE.
La investigación indica que esta práctica perjudicó a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes que extraen este recurso, quienes recibieron menos dinero del que hubieran obtenido en un mercado competitivo sin los constantes contactos entre las empresas acusadas.
Investigación
Las indagaciones de la FNE comenzaron en julio de 2020 tras una denuncia, utilizando todas las herramientas legales para investigar la colusión. En febrero de 2021, se otorgó el beneficio de delación compensada a Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes admitieron su participación y la de otras firmas en este cartel, proporcionando información que resultó fundamental.
La investigación también incluyó interceptaciones telefónicas a ejecutivos y allanamientos e incautaciones en las instalaciones de las empresas en Porvenir, Región de Magallanes.
Esto, junto con las declaraciones de los ejecutivos de las empresas requeridas ante la FNE, que confirmaron los contactos con competidores y las conversaciones sobre el precio de compra de centolla, permitió reunir evidencia sólida que respalda la conducta colusoria expuesta ante el TDLC.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, señaló que “con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de actuar en cualquier parte del país donde se detecte alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con firmeza las colusiones en los mercados regionales”.
En relación con la centolla, el Fiscal enfatizó que “aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, es innegable el daño que este comportamiento ha ocasionado en el mercado chileno, especialmente a los pescadores artesanales que dependen de este recurso”.
Esta acción enfocada en un mercado regional se suma a la presentada a finales de marzo de este año por la FNE contra un grupo de panaderos industriales en la Provincia de Iquique por haber coludido en el mercado de elaboración y comercialización mayorista de pan que se distribuye, entre otros, a los almacenes de la zona.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
