Tres meses después del revés que enfrentó la alcaldesa Macarena Ripamonti, cuando el Concejo Municipal de Viña del Mar no logró alcanzar el quórum para aprobar la propuesta de adjudicación del servicio de cámaras de televigilancia, la Contraloría Regional de Valparaíso determinó que era necesario repetir la votación, ya que las cuatro abstenciones del 25 de junio carecían de justificación legal.
Así, la decisión fue sometida nuevamente a consideración de los diez concejales y de la alcaldesa de Viña del Mar, resultando finalmente aprobada con siete votos a favor y tres en contra respecto a la adquisición, instalación, configuración y mantenimiento del sistema de cámaras de videovigilancia para la comuna.
Los concejales que apoyaron la propuesta fueron Antonella Pecchenino (Republicanos), Nicolás López (PC), Andrés Solar (Republicanos), Francisco Mejías (RN), Sandro Puebla (Ind.-PS), Nancy Díaz (FA) y la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA). En cambio, los que se opusieron fueron Alejandro Aguilera (FA), Carlos Williams (Ind.) y Antonia Scarella (Ind.-UDI). Es importante mencionar que el concejal José Tomás Bartolucci (Ind.-UDI) no asistió a la sesión.
Aunque en junio se rechazó la propuesta, esta vez la concejala Antonella Pecchenino apoyó su aprobación, lo que resultó fundamental para el éxito de la votación. Su argumento se centró en que «hay más de $3 mil millones disponibles en el presupuesto municipal para la compra e instalación de cámaras, y con presupuesto sin usar, es probable que surjan nuevas necesidades como bonos para el personal de salud, más toldos azules, o actividades comunitarias sin financiamiento. Por lo tanto, dada la duración del proceso de licitación y la falta de eficacia de la administración actual, en un contexto de inseguridad, decido aprobar para evitar que quede presupuesto disponible para esos ejemplos».
El concejal Carlos Williams, quien votó en contra, argumentó que «mi rechazo se basa en las deficiencias en las bases de licitación y en la evaluación de conveniencia para los intereses municipales, tal como lo exige el principio de juridicidad y lo dictaminado por la Contraloría. Si bien reconozco la necesidad de mejorar la seguridad en la comuna, creo que este proceso de licitación presenta vulnerabilidades técnicas y administrativas que no se alinean con las necesidades actuales de Viña del Mar.»
El concejal Alejandro Aguilera también mostró su oposición, al expresar que «no tengo la convicción de que esto cumplirá con los objetivos propuestos, pues hay muchos elementos en las bases que deberán ser revisados en el futuro, y podría ser que no se cumplan los hitos establecidos, lo que me preocupa».
Cabe recordar que el 6 de marzo de 2025, el Municipio de Viña aprobó las bases administrativas para la licitación pública por las cámaras de seguridad, que fue votada el 25 de junio, donde la administración de Ripamonti propuso adjudicar el proyecto a Globallink Chile Telecomunicaciones S.A. en unión temporal con Alguien Te Cuida SPA, por un monto de casi 6.200 millones de pesos ($6.194.756.374), con un plazo de cinco años.
El servicio que se ofrece incluye monitoreo en tiempo real, almacenamiento y análisis de imágenes, rápida detección y respuesta ante incidentes de seguridad, y una mejora en la gestión para complementar los servicios de seguridad pública. Asimismo, se contempla la futura integración con sistemas de inteligencia artificial, gestión de incidentes y análisis predictivo.
En detalle, se propone la provisión, instalación, configuración y mantenimiento de un mínimo de 122 cámaras Domo PTZ, pudiendo llegar a un total de 215, distribuidas en 92 puntos críticos y 123 puntos de crítica media y baja. Además, se contemplan un sistema de grabación con resolución mínima de 2MP a 15FPS, que permita 60 días de grabación continua, así como la instalación de una red de conexión alámbrica y/o inalámbrica.
Asimismo, se incluye la implementación de una sala de monitoreo con video wall y puestos para tres operadores, junto a un supervisor con sistema de climatización, y un espacio para servidores y comunicaciones que albergue la infraestructura crítica. También se prevé un programa de mantenimiento, un software autorizado para uso municipal, con API abierta para la integración con tecnologías futuras, así como el cumplimiento de normas de ciberseguridad internacionales y nacionales.
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