En el contexto de la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha interrogado a varios funcionarios implicados. Entre ellos, Francisca Burgos Bustos, abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, quien reveló haber enfrentado presiones internas para acelerar el proceso y admitió haber pasado por alto una prohibición constitucional importante.
Según un informe de Emol, la funcionaria destacó que la compra fue inusual dentro del ministerio: “En relación a la adquisición de este inmueble, debo mencionar que es la primera vez que tengo conocimiento de que como Ministerio de Bienes Nacionales compramos de oficio, ya que generalmente adquirimos propiedades a solicitud de otros servicios y ministerios.”
«En esta ocasión, dado que los fondos estaban asignados a nuestro ministerio, la necesidad de compra debió surgir desde nosotros. Por eso se consideró como iniciativa la propuesta anterior hecha por el Servicio del Patrimonio y las Culturas”, agregó.
La operación involucraba una compraventa cercana a los mil millones de pesos. La abogada contó que, desde el principio, hubo presión por parte de Pablo Maino, jefe de división de la cartera: “Desde que el oficio llegó a nuestro departamento, nos pedía repetidamente que nos diéramos prisa, porque era urgente ejecutar esta compra, ya que, de no concretarse, se podrían perder los fondos asignados, incluso proporcionándonos un cronograma de plazos”.
ROL TÉCNICO Y OMISIÓN CONSTITUCIONAL
Francisca Burgos, egresada de la Universidad de Chile en 2022, explicó que su responsabilidad como abogada analista era verificar la legalidad del inmueble: “Mi papel como analista en el departamento de adquisiciones era asegurarme de que el inmueble fuera jurídicamente apto para su compra, lo que implica revisar las inscripciones en el conservador de bienes raíces, verificar que no hubiera prohibiciones de venta o limitaciones, ni deudas, como pagos de servicios básicos y contribuciones”.
No obstante, al ser interrogada por los fiscales, admitió una grave omisión: “Debo señalar que, en la revisión de los documentos, olvidé que existía una prohibición constitucional respecto a la venta de esta propiedad, debido a que entre sus propietarios se encontraban una senadora (Isabel Allende, PS) y una ministra (Maya Fernández, PS). Sin embargo, debo aclarar que mi tarea principal era realizar un análisis documental del inmueble, que incluye los estudios de títulos”.
Ambas autoridades dejaron sus cargos en medio de la controversia: Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional y Maya Fernández renunció voluntariamente.
PARTICIPACIÓN INTERMINISTERIAL Y CONTRADICCIONES
A pesar de que Burgos redactó el contrato de compraventa, el proceso incluyó a funcionarios de diversas reparticiones, incluyendo la Presidencia y el Ministerio de las Culturas.
Tanto la ministra Carolina Arredondo como la exministra Marcela Sandoval, quien renunció tras el escándalo, declararon que sus equipos levantaron alertas jurídicas y comunicacionales que fueron informadas a La Moneda. Sin embargo, asesores presidenciales han negado haber recibido dichas advertencias.
La abogada detalló que, aunque la redacción del contrato correspondía a la división jurídica, fue instruida directamente por Maino: “Teniendo esta respuesta se procede a la redacción del contrato de compra, siendo la división jurídica la encargada de ello.”
«No obstante, una vez más, debido a la rapidez del trámite, fue Pablo Maino quien me pidió llevar a cabo dicho contrato, el cual, una vez realizado, envié directamente a Carolina Thomas, abogada de la división jurídica, para que le diera curso”, concluyó.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
