El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la finalización de la demolición inicial en la toma Calicheros de la comuna de Quilpué. Para este miércoles se ha programado el retiro de escombros y el acopio de materiales, un proceso que se extenderá por una semana y se llevará a cabo en seis etapas.
El terreno, que abarca casi 30 hectáreas, es propiedad de la familia del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 tras haber denunciado públicamente la usurpación de su propiedad.
La ocupación del terreno comenzó en 2021 y, tras años de litigios, la Corte de Apelaciones de Valparaíso autorizó el desalojo en 2024. Las acciones comenzaron el lunes con la notificación a las familias, que en su mayoría abandonaron voluntariamente sus hogares. Se estima que aproximadamente 140 estructuras fueron destruidas y que el 50% de los cercos ya ha sido removido.
Durante el operativo, se desplegaron 250 carabineros para garantizar la seguridad del procedimiento. El coronel Jorge Guaita, prefecto de Marga Marga, informó que al cierre del martes se había completado el 60% de la demolición: “La idea es avanzar lo más posible al término de la jornada. La empresa está trabajando con dos máquinas que no han parado”.
Yasmín Durán, vocera de la toma, criticó la legalidad del proceso: “Nunca hubo una orden de desalojo”, asegurando que hubo falta de comunicación y claridad en las alternativas de reubicación.
Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), defendió la medida como parte de la recuperación del Estado de derecho, aunque también reconoció que el fenómeno de las tomas evidencia una deuda estatal en materia habitacional: “No hay una política pública que permita resolver más ágilmente este tipo de situaciones”.
Valentina Correa, hija del empresario asesinado, celebró la recuperación del terreno: “Recuperar la propiedad de mi padre es fortalecer el Estado de derecho y la democracia”.
La abogada Jeanette Bruna, representante legal de la familia, celebró el avance del proceso: “Después de cinco años del asesinato de don Alejandro y con la orden de demolición dada hace cuatro años, es casi irreal que finalmente se esté ejecutando”.
Bruna detalló que la demolición tomará dos días, seguidos de cinco días para el retiro de escombros, siempre con presencia policial y apoyo de la región. Además, confirmó que el terreno será puesto en venta con la intención de desarrollar proyectos que beneficien a la comuna: “La familia considera que una vez demolido y luego de la venta, así se cerrará este capítulo trágico”.
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó la tranquilidad del operativo: “Ha sido un proceso pacífico, sin necesidad de usar la fuerza ni enfrentar hechos de violencia”.
Desde el Minvu, se informó que se habilitaron albergues y planes de asistencia para quienes carecen de redes de apoyo, incluyendo a niños, adultos mayores y animales.
El delegado de Marga Marga, Fidel Cueto, reiteró que el retiro voluntario es prioritario, indicando que solamente se procederá a detenciones en caso de resistencia.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del aumento de las ocupaciones en el país y la falta de políticas habitacionales eficaces. Bruna concluyó: “No falta ley, lo que falta es voluntad política y gestión. Ojalá este caso siente un precedente”.
Según cifras oficiales, en el terreno habitaban 150 familias.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
