Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales de Chile, refutó las cifras de deuda presentadas por el ministro Carlos Montes, afirmando que el déficit presupuestario es significativamente mayor.
En una entrevista con radio Cooperativa, el dirigente contrastó la cifra de 130 millones de dólares en deuda proporcionada por el ministro con los datos de su organización:
«Hablamos de un déficit de $312.000 millones en la región Metropolitana (alrededor de 325 millones de dólares), solo referido a esta región”, enfatizó.
«Esto no es solamente deuda; es el presupuesto que el Serviu necesita para el año 2025 para cumplir con todos los compromisos del Plan de Emergencia Habitacional«, añadió.
Marambio destacó que esta cifra es «muy alta, representando más del 30% del presupuesto del Serviu, que es la región que más promueve la construcción de viviendas y enfrenta el mayor déficit habitacional en el país».
Adicionalmente, enfatizó que la intención es presionar al Ejecutivo para que actúe. Según él, «hemos visto progresos hacia la resolución del problema«, declaró.
El director explicó que las acciones incluyen gestiones para abordar «los pagos de terrenos, escritura de familias que adquirieron propiedades con subsidios, y anticipos de obra que se han restringido desde abril o mayo«.
Respecto a si el Ministerio de Vivienda está demorando los pagos, Marambio indicó que, “en lugar de eso, se ha optado por un convenio de ‘confirming’ con Banco Estado. Esto significa que el banco adelanta recursos a las constructoras con el compromiso del Serviu de saldar la deuda desde la Ley de Presupuesto 2026.”
Aunque esta opción permite una mayor liquidez, el déficit financiero se trasladará al próximo período presupuestario en vez de ser cubierto durante el año de ejecución de la obra.
«Las obras realizadas durante un Gobierno deberían pagarse dentro de un plazo de 30 días desde la facturación. Es válido que existan arrastres, pero las obras iniciadas en un año específico deben pagarse en ese mismo año”, explicó.
Agregó que “esa es la preocupación respecto a los arrastres, porque la Ley de Presupuestos debería contemplar el pago de ejecuciones y compromisos del año y no transferirlos al siguiente«.
El líder de la Asociación subrayó que «hemos estado enfrentando una crisis inmobiliaria que dura casi cinco años -posiblemente una de las más prolongadas en la historia-, y por lo tanto, estamos en un contexto de debilidad”.
«No estamos en una fase destacada donde las empresas sean sólidas y tengan finanzas estables. Hemos visto una baja significativa en ventas, en el desarrollo de proyectos, segmentaciones de permisos de edificación, y aumento de costos. Por eso, tememos que esta situación puede llevar a reorganizaciones financieras, quiebras o suspensiones, a menos que se resuelva pronto”, concluyó.
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