La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido al gobierno del presidente Donald Trump avanzar en la eliminación de las protecciones legales para cientos de miles de venezolanos que residen en el país.
Este es el segundo incidente en cinco meses en que la Corte apoya el intento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al estatus de protección temporal (TPS) para estos migrantes.
El programa ha estado bajo revisión desde el inicio de la administración actual. A finales de enero, poco después del regreso de Trump a la presidencia, Noem anunció la decisión de revertir la extensión de 18 meses del TPS para aproximadamente 600,000 venezolanos que había otorgado el expresidente Joe Biden.
Recientemente, la Corte Suprema emitió una resolución de emergencia que suspende un fallo de septiembre del juez federal de California, Edward Chen, quien había determinado que la administración violó la ley en su intento de cancelar el TPS de manera abrupta.
El tribunal, compuesto por seis jueces conservadores y tres progresistas, reafirmó una decisión de mayo que ya respaldaba la eliminación del programa. La Corte indicó que, a pesar de los cambios en la postura del caso, los argumentos legales y los daños en términos generales se mantienen, acordando que el resultado anterior es válido nuevamente.
Las juezas liberales del tribunal expresaron su desacuerdo con esta decisión. En una declaración disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson criticó a la mayoría por intervenir en casos que aún están pendientes en tribunales inferiores, especialmente cuando hay vidas en riesgo.
Dicha orden permanecerá vigente mientras prosiga el litigio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, un proceso que puede prolongarse por meses o incluso años. Durante este tiempo, los venezolanos que se benefician del TPS están en riesgo de ser deportados. Alrededor de 350,000 han visto vencer sus protecciones en abril y otros 250,000 lo harán en noviembre.
El caso se inició a finales de enero, cuando Noem intentó finalizar la prórroga del TPS otorgada por Biden. Algunos afectados impugnaron esta medida, argumentando que Noem superó su autoridad y vulneró los procedimientos administrativos al cancelar el programa.
Los abogados que representaban a estos migrantes sostuvieron que el Departamento de Seguridad Nacional no realizó una evaluación adecuada de las condiciones en Venezuela antes de decidir finalizar el TPS.
Cecilia González, de la Alianza Nacional TPS, expresó su desánimo por la decisión de la Corte, afirmando que la aprobación del fin del TPS impactará negativamente la vida de cientos de miles de beneficiarios que son trabajadores y respetuosos de la ley.
González lamentó la angustia de las familias afectadas, quienes temen por su estabilidad, empleo y acceso a tratamientos médicos.
Cabe recordar que, durante su primer mandato, Trump intentó cancelar el TPS para varios países, pero se enfrentó a múltiples desafíos legales. En su campaña electoral, su vicepresidente, JD Vance, prometió «detener» la concesión de estatus de protección de forma masiva.
El gobierno de Trump ha relacionado el aumento de migración venezolana con la criminalidad, especialmente mencionando a la banda del Tren de Aragua. Sin embargo, los datos no indican un incremento significativo en los delitos vinculados a venezolanos en Estados Unidos.
Con Información de puranoticia.pnt.cl
