El mensaje del Presidente Gabriel Boric al presentar el Presupuesto 2026 no solo dio inicio al debate fiscal más significativo del año, sino que también originó una serie de reacciones políticas que atravesaron el espectro oficialista y opositor.
Desde acusaciones de intervencionismo electoral hasta disputas sobre los fondos destinados a exmandatarios, la propuesta de presupuesto de La Moneda ha generado tensiones que auguran una tramitación compleja en el Congreso.
Durante la cadena nacional, el Mandatario cuestionó la propuesta del candidato republicano, José Antonio Kast, de recortar 6.000 millones de dólares del gasto público. “Resulta irresponsable e indeseable la idea de recortar 6.000 millones de dólares sin especificar de dónde se hará. ¿Acaso piensan eliminar beneficios sociales? No es posible reducir esa suma sin afectar derechos sociales como la PGU”, expresó el Jefe de Estado.
La respuesta de Kast fue rápida: “No, Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político, sin afectar beneficios sociales como la PGU. Comenzaremos con los funcionarios corruptos que usted llevó al Gobierno y que han malversado fondos durante estos cuatro años”. La tensión se intensificó con otros intercambios, donde Kast acusó a Boric de “cobardía” y “corrupción”, mientras el Presidente defendió su postura afirmando que “discutir políticas públicas no es cobardía, es un acto democrático”.
Las reacciones no se limitaron a este intercambio. La UDI presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República, acusando al Mandatario de intervencionismo electoral. “Aunque el Presidente no mencionó a candidatos en particular, se entiende que sus palabras fueron dirigidas a la oposición, especialmente a Evelyn Matthei y José Antonio Kast”, apunta el documento. El diputado Juan Antonio Coloma agregó que “jamás un Presidente había usado una cadena nacional para atacar a candidatos de la oposición de manera tan evidente”.
Desde la oposición, Evelyn Matthei coincidió con la crítica: “Eso no es aceptable, buscamos seriedad”. Por su parte, la candidata oficialista de la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, se distanció al señalar: “No es mi estilo (…) imagino que el Presidente tomará decisiones basadas en criterios propios, pero no es el mío”.
Otro aspecto que generó debate fue la decisión del Gobierno de eliminar la “glosa republicana”, una partida de libre disposición que permite al próximo Ejecutivo contar con fondos iniciales. “Me hubiera gustado que se mantuviera la lógica habitual en ese sentido”, admitió Jara, aunque subrayó que “mi preocupación es que no se reduzca el gasto social ni el destinado a la seguridad”.
Desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum afirmó que “debería dejarse una glosa republicana de cerca de 300 millones de dólares (…) el Gobierno de Piñera dejó casi 800 millones para el Presidente Boric como libre disposición, lo cual es muy necesario”.
La inclusión de una dieta para el Presidente Boric como futuro exmandatario también provocó críticas. El diputado Andrés Longton (RN) aseguró que Chile Vamos está dispuesto a rechazar el Presupuesto completo si el Gobierno mantiene la glosa que otorga $151 millones adicionales al Presidente al dejar La Moneda. “Este no es un debate contable, es moral. No hay justificación para que un expresidente de solo 40 años, en condiciones de trabajar, reciba $151 millones extras financiados por todos los chilenos”, expresó.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la medida recordando que “la fijación de las dietas del expresidente es un mandato constitucional y la ley debe reflejarlo”. Agregó que “no hay ninguna innovación en esto, y más allá de la discusión de fondo, está resuelto de manera constitucional (…), no es por ser un expresidente en particular, sino porque es la norma general”.
El proyecto también fue objeto de críticas por aumentar la estimación del déficit estructural de -1,8% a -2,2%. El senador Juan Antonio Coloma (UDI) advirtió que “el año 2022 prometieron un 2,1%, terminó siendo 2,7% (…) para 2025 se proyectó un 1,1% y, según entiendo, es al menos 2,2%”.
Por otro lado, la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA) expresó su rechazo a la eliminación del apoyo a la escolaridad de hijos de funcionarios destinados en el extranjero. “El Estado tiene la responsabilidad de proteger a las familias de sus funcionarios públicos (…) la supresión de esta asignación atenta contra ese principio básico”, señaló su presidente, Cristián Piña.
Finalmente, la seguridad pública volvió a ser un tema de discusión tras la denuncia del senador José Durana (UDI) sobre la reducción del 31,7% en los recursos del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, calificándolo como “otra capitulación del Gobierno ante el crimen organizado”.
Por su parte, la bancada UDI anunció que rechazará las asignaciones presupuestarias de la Segpres y la Segegob para presionar por una posible fusión ministerial y una reducción del gasto político.
Fuente: PURANOTICIA
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