Después de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso reactivara el fallo de junio de 2023 y aprobara la orden de desalojo para las 4.100 familias que residen en la megatoma de San Antonio, la Municipalidad anunció que, a través de su Unidad de Gestión Habitacional, deberá coordinar acciones con los ministerios del Interior, Vivienda y Desarrollo Social para la gestión de posibles albergues.
El municipio fue convocado a una reunión el miércoles 8 con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, con el objetivo de definir condiciones y responsabilidades del proceso.
En un comunicado, la municipalidad enfatizó que «no dispone de los recursos físicos ni financieros para albergar a todas las familias».
Por último, reafirmó su compromiso de proporcionar una respuesta humanitaria y coordinada que respete los derechos de todas las personas afectadas.
Es importante recordar que la Subsecretaría del Interior, un organismo dependiente del Ministerio del Interior, subrayó que, de acuerdo con lo estipulado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el desalojo solo puede llevarse a cabo si se establece un recinto temporal para albergar a estas personas.
«Estas condiciones se reiteraron en la reciente resolución de la Corte de Valparaíso, del 1 de octubre de 2025, que reafirmó que el desalojo solo puede realizarse siempre que, previamente, ‘el Municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, es decir, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, implementen temporalmente un recinto que cumpla con las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas puedan ser albergadas o acogidas tras el lanzamiento’«, enfatizó.
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