Con la aprobación de las modificaciones en el segundo trámite, la Cámara de Diputados aprobó la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Este proyecto, que ha finalizado su tramitación en el Congreso Nacional y ha sido despachado a ley, también establece la Defensoría de Víctimas de Delitos.
El Senado realizó diversas enmiendas al texto aprobado en primera instancia en marzo de 2024, pero estas no alteraron la esencia de la propuesta. Las modificaciones fueron principalmente para mejorar la redacción de la Cámara en aspectos específicos.
Asimismo, se incluyeron normas para fortalecer la nueva institucionalidad. Por ejemplo, se añadió un apartado sobre los derechos de las víctimas de delitos, se regularon los reclamos de los usuarios y se incorporaron sanciones.
Las enmiendas del Senado fueron aprobadas de manera unánime en dos votaciones.
El nuevo servicio público será descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estará bajo la supervisión del Presidente o Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia, con sede en Santiago y direcciones regionales para su desconcentración.
El objetivo del organismo es facilitar el acceso a la justicia mediante:
- Orientación legal.
- Asesoría y representación jurídica para quienes no puedan procurarla por sí mismos o pertenezcan a grupos de especial protección.
- Apoyo psicológico y social cuando corresponda.
- Asesoría y representación jurídica, así como apoyo social y psicológico, para las víctimas de delitos.
- Promoción e implementación de programas de mediación y resolución colaborativa de conflictos.
- Administración del sistema de mediación familiar.
Para alcanzar estos objetivos, el Servicio implementará programas y líneas de acción enfocadas en satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.
El texto también define las funciones y atribuciones específicas de la entidad y normatiza su organización administrativa, personal, dirección nacional y regional, así como su patrimonio.
Además, se aclara que el organismo será, a todos los efectos legales, el sucesor y continuador de las corporaciones de asistencia judicial del país.
El acceso a esta unidad está garantizado para todas las personas que requieran información y orientación jurídica. Además, se debe proporcionar asesoría y representación jurídica a aquellos que no puedan procurarlas por sí mismos o que pertenezcan a grupos de especial protección. Asimismo, las víctimas de delitos podrán solicitar asesoría y representación jurídica, así como apoyo social y psicológico.
Respecto a la Defensoría de víctimas de delitos, el Servicio deberá proporcionar:
- Información y asesoría sobre sus derechos y cómo ejercerlos.
- Asesoría sobre medidas cautelares y de protección que pueden solicitar al fiscal y su seguimiento.
- Orientación sobre programas estatales disponibles.
- Representación jurídica para permitir su participación en procesos penales y acciones civiles derivadas del delito.
- Asistencia psicosocial para mitigar los efectos negativos del delito.
Se aclara que los funcionarios de las policías también tendrán derecho a acceder a los servicios en caso de ser víctimas de delitos relacionados con su cargo o funciones.
Finalmente, se exhorta al Ministerio de Justicia a establecer estándares para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl



