La Fiscalía de Perú anunció este viernes su intención de solicitar el retiro del pasaporte a la expresidenta Dina Boluarte, con el objetivo de evitar una posible fuga mientras se llevan a cabo investigaciones sobre su desempeño, incluyendo las muertes de manifestantes en las protestas de 2022 y 2023, así como un presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal general Tomás Gálvez admitió que la acción del Congreso fue inesperada, pero que en breve buscarán prohibir la salida del país de la exmandataria, tras rumores sobre un posible intento de huida a través de alguna embajada.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, desmintió estos rumores, afirmando en su cuenta de X que «ella está en su hogar; ese ha sido y será su ubicación». Además, destacó que está dispuesta a colaborar con los poderes del Estado si se le requiere.
«Dejen el delirio informativo a un lado y practiquen un periodismo veraz, educativo y responsable», indicó el profesional, quien ha enfrentado hasta siete investigaciones durante casi tres años de mandato, además de tres por situaciones anteriores a su rápida llegada al poder tras la caída de Pedro Castillo.
Dada la nueva situación, Gálvez confía en que las investigaciones avancen, después de que como presidenta, el Tribunal Constitucional interrumpiera en cierta medida las pesquisas y la posibilidad de implementar medidas cautelares.
Ahora sin inmunidad, Boluarte deberá responder por las siete causas abiertas en su contra. Las más avanzadas tienen que ver con las muertes de 49 personas durante las protestas contra el Gobierno a finales de 2022 y principios de 2023, y con un supuesto delito de cohecho pasivo ligado a la posesión de joyas y relojes de lujo.
Los otros casos, que se encuentran en fase preliminar, abordan un supuesto abandono de funciones para someterse a procedimientos estéticos, abuso de autoridad por el cierre de una oficina especial de fiscales anticorrupción, enriquecimiento ilícito, supuesta complicidad en el traslado ilegal del prófugo Vladimir Cerrón en un vehículo oficial y un acuerdo subrepticio para mantener a un aliado al frente de la Policía.
(Imagen: Presidencia de Perú)
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