La Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, que agrupa a pescadores de Quintero y Puchuncaví, junto con sus sindicatos asociados, presentó el pasado viernes un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso debido a los constantes episodios de contaminación que afectan la bahía desde finales de septiembre, provocando más de 200 casos de intoxicación, incluyendo a niños y trabajadores de colegios.
Este recurso, respaldado por los abogados Enrique Kittsteiner y Felipe Olea, está dirigido contra la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso; el Delegado Presidencial para la Gestión de la Crisis Socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres; la Gobernación Regional de Valparaíso; la Seremi de Medioambiente; la Seremi de Salud; y la Superintendencia del Medio Ambiente, por su inacción y la falta de medidas efectivas ante lo que los pescadores consideran un abandono del Estado.
“Hay una sentencia de la Corte Suprema del 2018 que todavía no se ha cumplido. Esa decisión obligó a las instituciones a realizar controles y evaluaciones ambientales, pero tenemos serias dudas de que esto se esté llevando a cabo o se haga de manera adecuada. Por eso actuamos en representación de más de 600 pescadores y la comunidad en general”, afirmó el abogado Enrique Kittsteiner, destacando que el recurso busca que la Corte demande a las autoridades la entrega de toda la información, bitácoras y mediciones desde el 28 de septiembre hasta la fecha.
El recurso también pretende que se notifiquen a más de 15 entidades públicas y privadas, incluidas ENAP, Copec, Gasmar, Oxiqim, Bomberos, las municipalidades de Quintero y Puchuncaví, así como los centros de salud locales, para investigar qué empresas o instituciones podrían estar detrás de las emisiones tóxicas. El abogado enfatizó que “buscamos entender la situación. Si algo se está gestionando incorrectamente, la comunidad tiene el derecho legítimo de conocerlo y exigir responsabilidades”.
Hugo Poblete, presidente de la Federación Bahía Narau, expresó su descontento ante lo que considera un incumplimiento constante del Gobierno y las autoridades regionales: “Este problema tiene más de diez años. En 2018, más de 2.000 niños se intoxicaron y firmamos un acuerdo con el ministro de Economía que no se cumplió. Hoy estamos nuevamente enfrentando lo mismo: olores a cloro, dolores de cabeza, vómitos, y escuelas evacuadas. Nadie cumple su función, y los niños son los más perjudicados”.
El dirigente también señaló que, a pesar de la gravedad de la situación, no ha habido una presencia efectiva del Delegado Presidencial ni una coordinación real entre las instituciones involucradas, argumentando que “las autoridades solo se presentan para apagar incendios y no para prevenirlos. Exigimos que se identifique a los responsables y se tomen medidas drásticas. Esto es una violación de derechos humanos”.
Por último, la Federación advierte que los episodios de contaminación no solo afectan la salud de la población, sino que también amenazan el sustento económico de las familias pescadoras, dado que la bahía está saturada: “Es muy complicado para nosotros; imaginen que van a instalar otra desaladora y hay entre catorce y quince barcos descargando a diario en la bahía. Así es imposible pescar o bucear, y si lo intentas, la Armada te retira. Estamos completamente invadidos por el parque industrial, y la pesca artesanal no tiene más espacio para operar”, concluyó Poblete.
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