Francisco García, abogado que defiende a los pescadores industriales del Biobío, alertó sobre un aumento en los robos marítimos en las embarcaciones frente a las costas de Coronel, una situación que se hizo evidente con el caso conocido como “el turbazo del jurel”, que actualmente está en tribunales.
“Estos actos delictivos, que se asemejan a una forma de piratería organizada, no son nuevos, pero recientemente han incrementado en violencia y complejidad”, indicó en una entrevista con radio Agricultura.
El representante legal de los pescadores añadió que “el delito ha evolucionado. Los delincuentes ya no se limitan a actuar en tierra, robando camiones de transporte de pescado, sino que ahora abordan directamente los barcos para robar la carga”.
Para ilustrar la seriedad de la situación, mencionó que “los atacantes utilizan lanchas rápidas sin registro, no poseen permisos de pesca ni artes de pesca visibles, y se organizan para esperar la carga en caletas apartadas.”
García denunció que “los pescadores carecen de recursos para defenderse en alta mar y dependen de la intervención de la Armada y la Capitanía de Puerto, que en ocasiones actúan con patrulleras para interceptar los robos mientras están ocurriendo.”
Finalmente, solicitó a los organismos estatales involucrados, como la Armada, el Servicio de Impuestos Internos y las autoridades sanitarias, que refuercen su labor de supervisión y coordinen esfuerzos. “Somos trabajadores del mar y estamos indefensos ante estas mafias”, concluyó.
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