Diecisiete informes confidenciales de la Contraloría General de la República (CGR) han revelado serias irregularidades en los procedimientos de recepción, custodia y destrucción de drogas incautadas, lo que señala un desacato a la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en diversos servicios de salud del país.
Entre las principales deficiencias, se destacan las inconsistencias en los registros de drogas incautadas, lo que dificulta la garantía de la calidad e integridad de los datos.
Además, el proceso por el que las drogas confiscadas por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería son enviadas a los servicios de salud para su destrucción, muestra múltiples desórdenes y violaciones a la legislación pertinente.
DIFERENCIAS EN REGISTROS DE PESO Y RETRASOS
Entre los hallazgos más significativos se encuentran variaciones en el pesaje de las incautaciones entre el servicio de salud y las instituciones policiales, lo que ha llevado a la pérdida de trazabilidad en el peso de las confiscaciones, incluyendo plantas de cannabis.
Asimismo, se identificaron deficiencias en el sistema de registro de las incautaciones recibidas, como el uso de una planilla Excel carente de mecanismos básicos de seguridad. Se detectaron al menos siete casos con errores en la transcripción.
Adicionalmente, aunque la Ley N° 20.000 establece que las drogas incautadas deben ser entregadas al Servicio de Salud dentro de las 24 horas siguientes, se comprobó que tanto la PDI como Carabineros no cumplieron con este plazo.
También se observaron incumplimientos en los plazos de informe al Ministerio Público sobre los resultados de los análisis realizados por los laboratorios competentes, en algunos casos superando los 350 días.
INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE
Por otro lado, se encontraron deficiencias en la infraestructura de oficinas y bodegas de incautaciones, que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley N° 20.000, además de la falta de protección personal adecuada. Esto resultó en desórdenes en estas unidades, con drogas guardadas en el suelo. En varios casos, las bolsas utilizadas para almacenar y transportar la mercancía estaban rotas, y no hay constancia de que su contenido sea el mismo que el registrado por el servicio.
Además, otro informe puso de manifiesto deficiencias en la infraestructura y seguridad de las unidades encargadas del proceso de destrucción, como falta de ventilación, sistemas de extracción de aire, cámaras de seguridad y control de temperatura y humedad. También se constató que una caja fuerte estaba en mal estado.
También se evidenció la ausencia de controles de acceso a ciertas dependencias; tarjetas de control de acceso sin identificar; y la falta de un registro de acceso, entre otras vulnerabilidades de seguridad.
Finalmente, se constató la inexistencia de un sistema informático para gestionar la recepción y destrucción de drogas.
Incluso, las plataformas diseñadas para registrar las actas de recepción de drogas y facilitar la información presentan deficiencias de trazabilidad y no establecen una relación clara entre los decomisos recibidos y sus respectivas actas de destrucción.
Los informes de la CGR también señalan otros problemas relacionados con la seguridad de los funcionarios de salud. Por ejemplo, se observa la falta de certificación de los vehículos utilizados para el transporte de estupefacientes.
Además, se detectó la falta de un espacio exclusivo para el almacenamiento de sustancias líquidas y residuos tóxicos, los cuales requieren áreas específicas debido a su potencial para provocar derrames y explosiones dentro de las bodegas, elevando el riesgo para la salud de los funcionarios y el riesgo de incendios.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
