El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, anunció este jueves que el disparo que se produjo fue realizado por un suboficial, quien ya se encuentra detenido.
Más de 100 personas han resultado heridas en los últimos días, incluyendo policías y periodistas, mientras varios grupos que apoyan las protestas afirman que continuarán en las calles hasta que Jerí abandone la presidencia.
El nuevo presidente expresó que no tiene intención de dimitir y subrayó: «Mi deber es garantizar la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso«.
Además, anunció su intención de solicitar al Parlamento poderes especiales para enfrentar la delincuencia.
Sin embargo, el fallecimiento de un manifestante evoca eventos de 2020 cuando Manuel Merino tuvo que renunciar tras la muerte de dos manifestantes solo cinco días después de asumir la presidencia.
Las autoridades parecen estar manejando la situación de forma diferente esta vez, conscientes de que un descontento popular desbordante podría hacer que el mandato de Jerí también sea breve.
El presunto tirador responsable de la muerte de Eduardo Ruiz fue detenido rápidamente, y el general Óscar Arriola, comandante de la Policía Nacional del Perú, ofreció sus condolencias a la familia, asegurando una investigación «exhaustiva» y anunciando el relevo de los generales encargados del operativo policial en el centro de Lima el miércoles.
La incógnita es si Jerí podrá actuar de manera diferente a Merino en 2020.
«A pesar de que su instinto de supervivencia le impulsa a distanciarse de un régimen impopular, Jerí no debe olvidar que su origen es similar«, escribió el columnista José Carlos Requena en El Comercio, refiriéndose a que las fuerzas que facilitaron el ascenso de Jerí en el Congreso son las mismas que respaldaron a Boluarte.
A pesar de las protestas de estudiantes y otros grupos en las calles, el presidente ha logrado hasta ahora resistir los embates de sus adversarios, quienes no están dispuestos a darle un respiro.
El Congreso rechazó discutir dos mociones de censura contra la mesa directiva del Parlamento.
La aprobación de una moción de este tipo conllevaría la destitución de Jerí de la presidencia, que ejerce como presidente del Congreso. Si pierde ese cargo, también dejaría de ser presidente de la República.
Sin embargo, hasta el momento el mandatario ha logrado sortear este peligro.
La última votación resultó en 63 votos en contra frente a solo 20 a favor, lo que refleja una posición aún relativamente sólida en el Congreso.
Sin embargo, antecedentes como el de Boluarte demuestran que esta situación puede cambiar en cuestión de horas en Perú.
Este mismo viernes, la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, presentó una denuncia constitucional contra Jerí; su primer ministro, Ernesto Álvarez; y su ministro de Interior, Vicente Tiburcio, alegando su presunta responsabilidad en la muerte del manifestante.
Pocos creen que esta sea la última intentona contra Jerí y su gobierno.
Jerí se ha convertido en el séptimo presidente de Perú en menos de diez años y asumió el cargo el 10 de octubre.
«UNA GUERRA CONTRA EL CRIMEN»
Las protestas en Perú comenzaron durante la presidencia de Boluarte, inicialmente solicitando mejores pensiones y salarios para los jóvenes; sin embargo, los reclamos se han diversificado, reflejando un amplio espectro de problemas que enfrentan los peruanos: delincuencia, corrupción y años de desilusión con el gobierno.
«El problema que enfrentamos en este momento es la delincuencia. El enemigo está en las calles«, afirmó Jerí en sus primeras palabras como presidente ante el Congreso, prometiendo «una guerra contra el crimen» al asumir su cargo.
Desde el inicio de su mandato, el presidente ha intentado proyectar una imagen de firmeza frente a la delincuencia.
Pocas horas después de asumir, participó en una operación policial para confiscar teléfonos celulares en una cárcel en las afueras de Lima.
Este jueves, su primer ministro anunció que se decretará el estado de emergencia en toda la Lima metropolitana.
La creciente violencia criminal se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Perú, con gran parte de la ciudadanía y analistas responsabilizando a los líderes políticos por su inacción, cuando no complicidad, ante las bandas criminales.
Al hablar sobre la posible declaración de estado de emergencia en Lima, Ernesto Álvarez advirtió que «no puede ser una medida superficial que no lleve a nada concreto», y aunque no descartó implementar otras acciones, como un toque de queda, indicó que «debería demostrarse, por parte de los expertos que lo propongan, su efectividad real, considerando que la criminalidad ya no responde a la nocturnidad».
Los gobiernos de Boluarte también recurrieron a estados de emergencia y desplegaron a las Fuerzas Armadas en vastas áreas del país para combatir el crimen organizado.
Los críticos argumentan que se trata de una medida de impacto temporal que no ha mostrado resultados tangibles a medio plazo.
En el primer semestre de 2025, Perú registró 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).
Solo en agosto pasado, hubo 209 homicidios, y Human Rights Watch ha señalado que Perú es uno de los países de la región con mayor aumento de muertes violentas.
Sin embargo, el delito que más alarmó durante la presidencia de Boluarte fue el de extorsiones, que han mostrado un aumento considerable.
Un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia reveló que en 2024 las denuncias por extorsión fueron más del doble que las registradas en 2018.
Según datos policiales, se presentan 75 denuncias de extorsión cada día en Perú, y los expertos advierten que la cifra real podría ser mayor, dado que muchas víctimas evitan denunciar por miedo a represalias de los extorsionadores.
Pequeñas empresas y transportistas son los más afectados. El Observatorio del Crimen y la Violencia estima que al menos 180 conductores de transporte urbano han sido asesinados este año por negarse a pagar extorsiones, lo que ha llevado al sector a organizar protestas y paros para exigir soluciones al gobierno.
El aumento de la criminalidad puede atribuirse a diversos factores, como el crecimiento de la minería ilegal, la capacidad de las delincuentes para operar con libertad debido a la inacción del poder político, respuestas inadecuadas de las autoridades y una fuerza policial debilitada y cuestionada.
UN DESCONTENTO GENERACIONAL
Las protestas en Perú se inscriben dentro de una ola de manifestaciones que ocurren en distintos países, impulsadas por el descontento generacional hacia los gobiernos y la frustración juvenil.
Nepal, Filipinas y Marruecos son algunos ejemplos de naciones donde las movilizaciones están lideradas por la Generación Z, aquellos nacidos entre finales de los años 90 y 2010.
En la plaza principal de Lima, David Tafur, un electricista de 27 años, declaró que se unió a la manifestación tras enterarse de ella por TikTok.
«Estamos luchando todos por lo mismo: contra la corrupción, que aquí también es sinónimo de asesinato«, aseveró a la agencia AP, refiriéndose a las violentas protestas de 2022 y la represión gubernamental en las que perdieron la vida 50 personas.
Omar Coronel, experto en Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aseguró a BBC Mundo que «los principales protagonistas de las protestas son jóvenes que están entrando al mercado laboral y descubriendo las limitaciones y dificultades que enfrentan en él«.
Los colectivos estudiantiles son de los más activos en esta creciente ola de protestas, aunque también participan jóvenes no universitarios.
Coronel destaca que en los símbolos utilizados durante las protestas se observa la influencia de la Generación Z, cuyos miembros son considerados «nativos digitales», nunca experimentaron un mundo anterior a la revolución de internet.
«Hemos visto muchas banderas y pancartas con la letra Z y también la bandera de la calavera pirata de One Piece, una serie de anime en la que los protagonistas luchan contra un sistema opresivo», explica Coronel.
Álvarez aún no ha comentado al respecto, pero anteriormente afirmó que la Generación Z en Perú es una «pandilla que quiere asediar la democracia» y no representa a «los jóvenes que estudian y trabajan».
Algunos episodios de la trayectoria personal de Jerí han contribuido al rechazo que enfrenta entre ciertos sectores.
Se investiga al actual mandatario, acusado de violación por una mujer. Aunque la Fiscalía desestimó el caso, las autoridades todavía investigan a otro hombre que estuvo con Jerí el día de la presunta violación.
Durante las protestas, más de 20 mujeres gritaban «¡El violador es Jerí!» o «¡Jerí es un violín!», una expresión coloquial peruana en la que «violín» significa violador.
Las manifestantes lanzaron petardos a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones.
(Imagen: Caretas)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
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