Editorial: ¿Un Quillota sin ley y sin control?

Un violento asalto se registró en un servicentro de Quillota, donde las autoridades lograron identificar y arrestar a tres individuos. En una localidad distinta de la comuna, un hombre y su pareja fueron víctimas de un robo con violencia. A pesar de que los responsables fueron reconocidos y detenidos, el Ministerio Público ha decidido no imponer prisión preventiva a los agresores. Las medidas adoptadas consisten en arresto domiciliario total, arresto nocturno y, en el caso de uno de los implicados, la intervención del Sename.

¿Es posible cometer delitos como robos o asaltos en Quillota sin consecuencias? Esta es la inquietante pregunta que surge tras conocer lo sucedido, revelado por el diputado Andrés Longton.

El parlamentario ha contactado al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando una revisión del accionar de dos fiscales en Quillota que no solicitaron la prisión preventiva para los delincuentes implicados en asaltos violentos con armas en un servicentro y una panadería de la región de Valparaíso.

Es difícil entender por qué la Fiscalía optó por no pedir la prisión preventiva en estos casos. Tal como menciona Longton, resulta un “acto irracional e incomprensible,” ya que esto significa “dejar en libertad a delincuentes peligrosos que deberían estar tras las rejas.”

A pesar de ser un delito que generó gran conmoción social, la fiscalía no solicitó prisión preventiva, argumentando atenuantes como la conducta anterior de los detenidos y la presencia de una menor en el incidente. En otro episodio de robo con violencia en San Pedro, a los detenidos se les impuso medidas de arraigo nacional y restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, uno de ellos fue sorprendido regresando al negocio de la víctima poco después de su liberación, provocando nuevamente tensión, lo que llevó a su apresamiento una vez más.

Como resultado de este último acontecimiento, de forma bastante desconcertante, el Ministerio Público no solicitó medidas cautelares más severas. Informaron a los involucrados que se llevaría a cabo un procedimiento simplificado, lo que podría conllevar penas de 540 días para el principal acusado y 300 días para su cómplice.

¿Qué está ocurriendo en Quillota? ¿Es esta una comuna sin justicia? Esperamos que el Fiscal Nacional Ángel Valencia responda a la solicitud del parlamentario para esclarecer las razones detrás de esta situación tan inquietante, especialmente cuando se están realizando esfuerzos por mejorar la seguridad, como la reciente inauguración de una central de televigilancia y la adquisición de nuevos vehículos. ¿De qué sirven estos esfuerzos si los delincuentes quedan en libertad? La actuación del Ministerio Público en Quillota plantea serias dudas.