El fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, ha llevado a cabo una acción judicial para obtener acceso a los movimientos bancarios de la Fundación ProCultura y de ciertas figuras relevantes, incluyendo a la cofundadora Ilonka Csillag y el padre del exdirector ejecutivo, Alberto Larraín.
También se solicitó el levantamiento del secreto bancario de dos empresas relacionadas: Turismo Esquerré Limitada y Consultora y Productora Esquerré Limitada, las cuales habrían recibido transferencias de ProCultura para llevar a cabo proyectos en la región del Biobío. En el caso de la Consultora, se registraron transferencias por un total de $174 millones entre septiembre de 2022 y octubre de 2023.
“El levantamiento del secreto bancario es una medida esencial para seguir la trazabilidad del dinero, comprobar los servicios prestados y averiguar posibles ilícitos”, argumentó Ríos Briones en uno de sus documentos.
TRIBUNALES RECHAZAN SOLICITUDES Y APELACIONES
El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó las solicitudes del fiscal, generando recursos de apelación que fueron desestimados por el mismo tribunal los días 13 y 14 de octubre.
Más tarde, Ríos Briones apeló a la Corte de Apelaciones de Antofagasta con el fin de declarar ilegales las decisiones que rechazaron sus apelaciones. Sin embargo, este martes, la Corte también desestimó ambos recursos.
El tribunal argumentó que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, las decisiones de los jueces de Garantía solo son apelables si concluyen el procedimiento, impiden su continuación, lo suspenden por más de treinta días o si la ley lo establece expresamente.
En este caso, “ninguno de esos requisitos se cumplía”. Además, la Corte indicó que el Ministerio Público conserva “todas sus facultades investigativas, pudiendo reiterar la solicitud con nuevos datos”.
Simultáneamente, el Juzgado de Garantía también negó nuevas solicitudes sobre las cuentas de las empresas mencionadas. La jueza Marisol Melgarejo señaló que el informe policial presentado por la fiscalía no contenía “una conclusión categórica que demuestre la participación de la empresa Turismo Esquerré en las simulaciones alegadas por la fiscalía”.
Asimismo, no se evidenció en las declaraciones recibidas ninguna implicación en la triangulación de fondos públicos.
La jueza Sissi Bertoglio-Talap, por su parte, observó que la solicitud abordaba discrepancias contables de la Fundación ProCultura, pero no especificaba cómo estaban vinculadas con la Consultora y Productora Esquerré Limitada.
“La medida solicitada debe ser racional, proporcional y subsidiaria a otras cuyas bases no se han presentado, por lo que no se aprueba el levantamiento del secreto bancario”, concluyó.
A pesar de estos reveses legales, la Fiscalía tiene la opción de volver a presentar solicitudes ante el mismo Juzgado de Garantía, siempre que incorpore nuevos antecedentes que sustenten su petición.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
